MÉXICO, D.F. (apro).- El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, reveló hoy que antes de irse el gobierno de Felipe Calderón “archivó” los expedientes penales abiertos durante su gestión en contra de los exgobernadores tamaulipecos, los priistas Tomás Yarrington y Manuel Cavazos Lerma, por los presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
“Por lo que toca a la Procuraduría General de la República (PGR), antes de que yo llegara, habían ya mandado a archivo los expedientes”, dijo Murillo Karam en entrevista con Carlos Loret de Mola para Primero Noticias, de Televisa.
–¿Ya no hay nada contra ellos? —preguntó el conductor.
–Yo no puedo decir que ya no hay nada. Hay un expediente que se archivó pero decir no hay nada, no puedo decirlo de nadie.
–Pero si se archivó ¿qué quiere decir?
–Que no se habían encontrado pruebas suficientes para procesarlos, antes de que llegara —insistió el funcionario.
En la entrevista, el exgobernador de Hidalgo habló también de la exlideresa vitalicia del SNTE, Elba Esther Gordillo, quien desde febrero pasado se encuentra en la Torre Médica del penal de Tepepan.
El funcionario presumió que la averiguación previa iniciada contra la maestra está bien “armado” donde quedó demostrado un hecho de corrupción, por lo que descartó cualquier posibilidad de que salga de prisión.
“Es un expediente muy bien armado, muy contundente, muy claro el delito está perfectamente demostrado y claramente expuesto, no me preocupa mucho.
“La desviación de los recursos, es evidente que se ingresó a una cuenta de los trabajadores, se saca de esa cuenta y es usado para efectos personales, el delito es clarísimo”, afirmó el procurador.
En el mismo caso, abundó, se encuentra el exgobernador de Tabasco, Andrés Granier. El caso, dijo, es sólido.
“Actuamos primero con las pruebas en la mano, documentos y evidencias claras, y en ese momento es cuando decidimos actual. Yo también creo que no (va a salir). No pronto, desde luego”, advirtió.
Murillo Karam descartó tener alguna denuncia o razón para perseguir al líder del sindicato petrolero, el priista Carlos Romero Deschamps, a quien se acusa, como a Gordillo Morales, de desviar recursos del sindicato.
En la misma condición se encuentra, dijo, el caso del exgobernador de Coahuila y exlíder nacional el PRI, Humberto Moreira, a quien se le atribuye el uso de documentos oficiales apócrifos para contratar una deuda de más de 33 mil 100 millones de pesos durante su gestión, de diciembre de 2005 a enero de 2011.
Sobre los dos casos Loret de Mola preguntó a Murillo Karam:
–¿Estas cosas no las persigue la autoridad de oficio?
–Cuando son delitos se persiguen de oficio, sí.
–¿Y de Romero Deschamps y Moreira no hay nada?
–La autoridad actúa en función de hechos evidentes, claro. Si yo tomara cada una de las acusaciones que se hacen en los medios públicos, bueno, no me alcanzaría la Procuraduría para procesar. Tengo que actuar en función de hechos concretos, claros, que presenten una evidencia. De otra manera todos los mexicanos estaríamos siendo perseguidos por cualquier acusación.
–No creo que todos hayan hecho lo mismo que Romero Deschamps –reviró el periodista.
–Pero por cualquier acusación estaríamos siendo perseguidos todos. La seriedad que implica administrar justicia, requiere necesariamente de hechos y elementos de acusación —atajó el procurador.
El de Caro Quintero, “un caso cerrado”
El procurador también fue cuestionado sobre la reciente liberación, el 9 de agosto, del narcotraficante Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel Guadalajara y afirmó que ese es “un caso resuelto”.
“Tenía 24 años en la cárcel, estaba sentenciado y había un amparo para efectos. Se consideró que no era un delito federal”, dijo Murillo Karam sobre la liberación. Agregó que ya se ha interpuesto un recurso ante el tribunal.
Murillo Karam afirmó que la PGR ya cuenta con una orden para su detención y se han realizado diversos operativos para su búsqueda y captura.
–¿Le metieron un gol procurador? —preguntó Loret de Mola.
–A mí no, a la sociedad indudablemente. El problema es el criterio que se utilizó –y la Procuraduría dejó claro que no es el que comparte– porque inmediatamente interpusimos un recurso para combatirlo, es muy claro: se consideró que no era un delito federal.
“Después de 24 años de juicio (se dijo) que es incompetente una autoridad y más grave aún, decirle a una autoridad a la que se le dice incompetente que lo pongan en libertad”, cuestionó.
–¿Hubo transa, procurador?
–Yo no puedo hablar de transa porque si yo digo que es transa, meto a la cárcel, yo tengo que tener los pelos de la burra en la mano para poder actuar en una cuestión de esta naturaleza.
–¿No es por lo menos sospechoso?
–En este momento lo que yo estoy haciendo es interponer un recurso ante la autoridad superior que además tiene el mismo criterio que yo.
–¿No tenía usted a alguien en la PGR que llevara este caso?
–Era un caso resuelto, tenía 24 años en la cárcel y había un amparo cuyo resultado debió haber sido para efectos, es decir, un juez debió darle instrucciones a otro juez y lo que ordenó es que lo soltaran.
–¿Falló la parte de cárceles?
–Unas semanas antes habían resuelto un amparo con el que lo cambian de una cárcel federal a una local y esa no queda bajo el control de la autoridad federal, a la autoridad carcelaria le avisaron al momento que lo tienen que soltar y seis horas después al Ministerio Público.
–¿Están buscando a Caro Quintero?
–Por supuesto. Lo que tuve que hacer es trabajar una solicitud de extradición y a los tres días teníamos ya una orden de aprehensión.
–¿Dónde está?
–Si supiera ya lo tendría yo guardado otra vez.
–¿Pero tienen alguna idea?
–No, y si tuviera no lo diría
–¿Están cerca?
–No tengo la menor idea cuando lo tenga se van a enterar –finalizó el procurador.
