Cuestión Pública
Por: luis lauro carrillo Soto
Tamaulipas México.- En el Congreso de la Unión, todo se ha consumado, todas las reformas estructurales ha concluido. Con la globalización el Estado Nación, elemento central del orden político, social y económico de la mayoría de las sociedades nacionales, ha perdido fuerza e importancia, ahora las soluciones locales han sido substituidas por decisiones internacionales.
Viene a cuento lo anterior por la reforma energética aprobada por el PRI y el PAN en Cámara de Diputados, que está hecha como un traje a la medida de los intereses de las empresas multinacionales que tienen hoy mayor poder que los estados y gobiernos, son quienes controlan desde los fertilizantes hasta el agua y de los cereales hasta el petróleo, todo ha caído en sus manos.
Sobra decir que la aprobación de la reforma energética solo le falta terminar de recorrer el camino de mero trámite que es la aprobación de la mayoría de los Congresos locales para que se considere formalmente una reforma constitucional.
Cabe indicar que la apertura a la inversión privada nacional e internacional que vendieron como una propuesta modernizadora del Petróleo Mexicano, los expertos en este tema dicen que obedece a una recomendación del consenso de Washington y la Organización Mundial del Comercio
Tengamos presente que la energética madre de todas las reformas estructurales, gracias al pactismo y cooptación de legisladores pudo salir avante a pesar de la presión de la Izquierda, que en su afán por impedir la aprobación rebaso los límites de lo grotesco y lo ridículo como la actuación del diputado del PRD Antonio García Conejo que exhibió desnudo sus miserias.
Vemos que no solo se modificó radicalmente la Constitución en materia educativa, financiera, acceso a la información, telecomunicaciones y político-electoral, sino que, se suprimió el carácter estratégico la electricidad y los hidrocarburos así la prohibición de participar el capital privado nacional y extranjero en estas actividades en aras de la modernización y bienestar de la población mexicana.
Así pues no se necesita conocer a fondo la praxis política para advertir que la reforma energética privatizadora propuesta por Peña Nieto ya estaba planchada. Incluida la salida del PRD del Pacto, la Toma de la tribuna del salón de sesiones y el striptease del diputado perredista entre otros shows grotescos.
Así las cosas, la tan traída y llevada reforma energética ya es una realidad, no obstante la oposición de la izquierda nacionalista, y que las encuestas y sondeos más conservadores, señalan que la sociedad está de acuerdo en que a México le hace falta está reforma energética, pero no necesariamente en los términos de la que fue aprobada.
Por otro lado el estado tiene como funciones básicas: apoyar a la acumulación de capital con la formulación de políticas que favorezcan y coadyuvar en el desarrollo del capitalismo y conservar su legitimidad el estado las mistifica y las hace aparecer como medidas que responden al interés de la sociedad mexicana en general o bien las oculta dándoles el carácter de medidas de tipo técnico o administrativas.
Ahora bien lo que ya satisface al gobierno norteamericano y las grandes empresas trasnacionales que están detrás de la privatización, es el acceso a la renta petrolera del país, en el corto plazo se les permitirá participar directamente en la Exploración y Producción particularmente en la extracción del petróleo, para tener derecho a una parte del producto.
Aquí surge la pregunta obligada ¿Las privatizaciones son la solución?
La respuesta es no, porque no se beneficia la sociedad, la mayoría de empresas como la ferrocarrilera, azucarera, carretera, minera, de telefonía satelital, portuaria, de transporte aéreo, de televisoras, de la banca, quebraron o las rematararon a extranjeros o están en crisis debido a la corrupción y ambición de sus nuevos propietarios, o fueron rescatadas, por lo que estas acciones siembran desconfianza.
En definitiva consumatum est la reforma neoliberal peñanietista aprobada por el Congreso de la Unión, se sintetizó en reformar la Constitución General de la República, y leyes secundarias, para permitir constitucionalmente, la privatización de las industrias eléctrica y petrolera, por ahora en manos del Estado, posibilitando, así, la inversión extranjera sin límites en el sector energético
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