*Diputados aprobaron reformas a la Ley del Expediente Clínico Electrónico de Tamaulipas.
Por Mauricio Zapata /CNT/ANTAM.
Ciudad Victoria, Tamps.- El Congreso local aprobó reducir sanciones a médicos que hagan mal uso del expediente clínico y además se ordenó proteger más a los profesionales de la medicina.
Lo anterior tras avalar el dictamen a propuesta del diputado Alfonso de León Perales de Movimiento Ciudadano luego de la primera reforma que sufre la Ley del Expediente Clínico de Tamaulipas creado hace menos de un año.
El legislador expuso que las penas contempladas en un principio eran excesivas y dejaban sin oportunidad a los doctores de llevar un proceso judicial sin necesidad de estar privado de su libertad.
En la exposición de motivos que impulsó Alfonso de León, señalaba que las sanciones previstas estaban de una manera muy generalizada, es decir, “la aplicación en forma literal se contempla de igual manera para aquel que lucra, engaña o acosa, como quien pudiera ser señalado con una simple imputación lo cual es en deterioro del espíritu de legalidad, vulnerando a nuestra consideración las garantías individuales de todo ciudadano”.
Ahora, con la reforma aprobada en la sesión del pasado 30 de junio, quedó de la siguiente manera tras la modificación de los artículos del 49 al 51:
El artículo 49 señala ahora: “Cuando el contenido del expediente clínico electrónico corresponda a la posible comisión de uno o varios delitos, la autoridad de salud dará vista al Ministerio Público Investigador, sin perjuicio de la aplicación de la posible sanción administrativa que en su caso proceda”.
El artículo 50 quedó así: “A quien reemplace de manera dolosa, dañe o adapte información del expediente clínico electrónico, se le sancionará con multa equivalente de 500 a 1000 días de salario mínimo vigente en la zona económica correspondiente del estado”.
En tanto que el 51 ahora precisa: “A quien venda de cualquier forma o distribuya sus datos de ingreso al sistema del expediente clínico electrónico, se le sancionará con multa de mil a cinco mil días de salario mínimo vigente en la zona económica correspondiente al estado, e inhabilitación de dos a cinco años en el desempeño del empleo, profesión o cargo público que ejerza”.
