Tamaulipas México – La gratuidad de la educación se ha entendido como un subsidio educativo a la población proveniente exclusivamente del Estado; como un rasgo característico de la educación pública y como un uso o práctica social del no pago.
Traemos a colación lo anterior por el problema del cobro ilegal e indebido de cuotas en las escuelas públicas del sistema educativo nacional y estatal, que por sí solo constituye un botón de muestra de la incapacidad del Estado para garantizar a todos los mexicanos el derecho humano a la educación gratuita, como así lo establece el artículo 3º Constitucional.
Al efecto la disposición constitucional mencionada dispone: “Toda la educación que el Estado imparta será gratuita”. Por lo tanto la gratuidad de la educación pública es de orden público, constituyendo una prerrogativa constitucional de los mexicanos
Por tanto es inadmisible que en las escuelas públicas de nivel básico se exija a los padres de familia por parte de los directores, personal administrativo o docente “cuotas voluntarias”, ya que no existe fundamento legal ni constitucional para cobrarlas, menos para que se deje sin el servicio educativo a los escolapios, a pretexto del pago de cuotas fijadas por las asociaciones de padres de familia.
En ese tenor las cuotas eufemísticamente denominadas “voluntaria” establecidas en las escuelas públicas, afectan a los paterfamilias que son obligados a sufragarlas, lo que constituye un botón de muestra de la imposibilidad del Estado para garantizar a todos los mexicanos el derecho humano a la educación gratuita.
Condicionar o negar la educación a los alumnos por el solo hecho de no pagar una cuota de dinero o amenazarlos con no entregarles las boletas de calificaciones de o no inscribirlos en el siguiente ciclo escolar; de tal manera que -ante esa presión, no les queda más remedio que cubrir las cuotas requeridas, sin existir la transparencia sobre lo recaudado por las sociedades de padres de familia.
He aquí que recientemente los medios de comunicación han publicado casos donde madres de familia son obligadas a firmar cartas compromiso para que en caso de no cubrir la cuota de inscripción se comprometa a ceder los derechos del importe de la beca de su hijo para gozar del servicio educativo.
Otro ejemplo son los casos de estigmatización de los alumnos cuando colocan en las puertas de acceso a los planteles escolares las listas de niños que sus padres no cubrieron las cuotas que los exponen al desprecio y burlas de sus compañeros. También algunos directores en combinación con integrantes de la mesa directiva toman las cuotas como caja chica para financiamiento personal.
De ahí que en las entidades federativas las cuotas escolares es un tema del que mucho se habla pero poco o nada se hace para evitarlas y sancionar a quienes las imponen, ante la inoperancia por negligencia y complicidad esbozada de las secretarias de educación estatales, función pública, y las controlarías gubernamentales.
En algunas entidades federativas se han expedidos reglamentos para la organización y funcionamiento de las Asociaciones de padres de familia, para reglamentar las cuotas escolares “voluntarias” las que solicitaran en meses que no sean de inscripciones, prohíben que autoridades escolares administren el dinero de cuotas o de las cooperativas escolares
Sin embargo estos reglamentos están viciados de inconstitucionalidad, ya que no prohíben las cuotas escolares. Además se pretende afiliar a todos los padres de familia de los planteles educativos en una asociación, mediante ese control las autoridades escolares continuaran estableciendo cuotas “Voluntarias” aprobadas a mano alzada, haciendo nugatoria la gratuidad de la educación.
Por otro lado llama la atención la tibieza con que procede la SE ante esta situación que se resiente en todas las escuelas públicas, pese a quejas, las denuncias públicas expuestas por los padres de familias a quienes condicionan el ingreso y permanencia de sus hijos a la educación pública al pago de cuotas.
De tal suerte que a la fecha se desconocen cuántas sanciones han impuesto a los Directores de escuelas primarias y secundarias públicas, tan solo por transparencia y rendición de cuentas debiera las SE dar a conocer los números de expedientes, resoluciones y procesos, de lo contrario se convierten en tapaderas de tantas corruptelas.
De igual modo los padres de familia deben tener muy en cuenta que el cobro de cuotas escolares no tiene ningún fundamento constitucional y que en caso de negarse a pagarlas, deben denunciar tales hechos ante las Secretarias de Educación Estatales, las Comisiones de Derechos Humanos, Contralorías y Procuradurías de Justicia o promover el juicio de amparo en su caso.
Por consiguiente cualquier práctica coercitiva de las direcciones escolares debe ser denunciada a las autoridades mencionadas con excepción de las educativas que son las que solapan estos métodos ante su incapacidad e inoperancia para ofrecer escuelas dignas. Habría que reiterar que los paterfamilias no son los responsables de que el Estado no cumpla con su obligación de proporcionar educación gratuita a todos los mexicanos.
En definitiva en términos del artículo 3º constitucional la educación preescolar, primaria y secundaria inclusive la universitaria debe seguir siendo gratuita, financiada por el estado para sufragar los gastos de conservación y mantenimiento de los edificios escolares, ampliando el presupuesto de egresos de la federación y del de los estados, para terminar de tajo con las cuotas escolares. Buscando alternativas al uso de indumentaria escolar.
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