Migración, un pozo de corrupción
Reto para la sub Paloma Guillén Vicente
Impunidad, abusos, incapacidad, etc…
Vacantes para familiares y amigos
HECTOR MIGUEL CHAVEZ
H. Matamoros, Tam.- Lo que sigue es un desafío para la tamaulipeca Mercedes del Carmen “Paloma” Guillén que ocupa la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Sin más preámbulo, lea usted este artículo publicado por el periódico Reforma el 30 de agosto. Dice así:
El Instituto Nacional de Migración (INM) carece de personal profesional y capacitado que actúa con impunidad en contra de los extranjeros indocumentados.
A esta conclusión llegó el Diagnóstico del Instituto Nacional de Migración “Hacia un sistema de rendición de cuentas en pro de los derechos de las personas migrantes en México”, elaborado por el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde).
El documento critica que históricamente el INM no implementa el servicio profesional de carrera pues las vacantes son ocupadas por conocidos y amistades de los funcionarios o mediante convocatorias a través de las cuales se recluta a gente cuyas cualidades no son las idóneas.
Los perfiles para los puestos a desempeñar son poco específicos e incongruentes.
Otro aspecto relevante es la inexistencia de protocolos del uso de la fuerza, por tanto, son frecuentes los abusos con migrantes, ya que se les golpea, tortura, detiene arbitrariamente e incluso extorsiona o secuestra.
Sonja Wolf, coordinadora del estudio, indicó que ninguna limpia o reingeniería en el INM ha dado resultados positivos porque no se castiga penal y administrativamente a los servidores públicos que incurren en irregularidades.
“Lo que vemos es que cuando hay malas prácticas la gente renuncia o se le pide la renuncia y se va”.
“Si realmente el Instituto quisiera hacer una depuración efectiva entonces debería investigar los casos de malas prácticas que se dan y no quitar a la gente porque se va a laborar a otras instituciones o se regresa al INM, entonces las prácticas siguen dándose”, expresó.
Prueba de ello es que sólo 27 servidores públicos fueron sancionados o procesados por violar los derechos humanos de migrantes en el periodo de 2006 a la fecha.
Las sanciones impuestas incluyeron suspensiones de tres a 30 días, así como amonestaciones públicas, sólo hubo dos destituciones con inhabilitación por un año y dos años respectivamente.
Al mismo tiempo, en dicho periodo, las bajas por renuncia ascendieron a cuatro mil 609.
Wolf criticó además que las capacitaciones son exiguas pues tienen una duración de cuatro a ocho horas, a ello se suma la falta de mecanismos efectivos de supervisión del personal.
¿Por qué se dan tantas violaciones a los derechos humanos, por qué hay elementos que han usado armas aunque oficialmente no tienen autorización para hacerlo? porque no existe un sistema de supervisión formalmente.
“El INM dice que son los delegados estatales los responsables de administrar toda la operación de su delegación y son los responsables de vigilar el cumplimento de las tareas, entonces depende mucho del criterio de los delegados lo que hace a este mecanismo tibio”, sostuvo.
Los malos tratos y abusos cometidos por personal migratorio generan cada mes un promedio de 34 quejas ante la CNDH.
Las violaciones que cometen los empleados de Migración van desde prestar indebidamente el servicio público, faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en su empleo, hasta casos de incomunicación, retención ilegal, detenciones arbitrarias, intimidación, deportación ilegal, y tratos crueles.
