GLORIA LETICIA DÍAZ
27 DE MAYO DE 2015
MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió una investigación por las ejecuciones extrajudiciales de dos jóvenes, a manos de efectivos militares del XVI Regimiento de Caballería Motorizada asentado en Tamaulipas.
El presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), Raymundo Ramos Vázquez, informó que el organismo presidido por Luis González Pérez admitió la queja que presentaron familiares de Diana Calderón Bravo y Ricardo Daniel Borrego Miguel, abatidos en un operativo militar el pasado martes 19.
Dos días después del doble crimen, Ramos Vázquez y la madre de Diana, María Guadalupe Bravo, enviaron una carta al presidente Enrique Peña Nieto; al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, y al ombudsman nacional, en la que denunciaron que militares dispararon contra un grupo de jóvenes desarmados que se encontraban cerca de las vías del tren, en la colonia Matamoros de Nuevo Laredo.
Añadieron que en el ataque murió Ricardo Daniel, y luego los soldados le dispararon a Diana, quien viajaba en su vehículo junto con una amiga, la cual resultó lesionada.
Precisaron que en el operativo militar fue detenido Job Calderón Bravo, de 16 años y hermano de Diana, quien posteriormente fue presentado ante el Ministerio Público de la Federación con armas y droga.
A ocho días de los acontecimientos, el presidente del CDHNL informó que la CNDH “ha iniciado una investigación por estos hechos, y en los próximos días enviará un equipo de peritos para revisar los cuerpos, inspeccionar el vehículo y entrevistar a los testigos” que presenciaron las dos ejecuciones.
Agregó que la familia de Diana presentó una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que indague la actuación de los militares que participaron en el operativo, “pues de acuerdo con la versión de testigos y la acompañante de la víctima, le dispararon por la espalda cuando iba manejando su carro y sin estar armada”.
También dijo que los testigos del ataque contra los jóvenes que se encontraban reunidos en el crucero Héroe de Nacataz, en la colonia Matamoros de Nuevo Laredo, aseguran que éstos no estaban armados, pero el parte oficial rendido por los soldados del XVI Regimiento de Caballería Motorizada afirma que ellos fueron víctimas “de una agresión armada” y presentaron a un menor de edad “como integrante de un grupo delincuencial, además de envoltorios con droga, armas y municiones”.
El defensor agregó que “durante más de tres horas los militares impidieron el paso a familiares de las víctimas y a personal del Ministerio Público, e incluso a los servicios de emergencia, para manipular el lugar de los hechos y sembrar evidencias a las víctimas, en un claro intento por fabricar culpables”.
Según Ramos Vázquez, los familiares de las víctimas cuentan con cuatro testigos que presenciaron el momento en que soldados “bajan de una camioneta del Ejército las armas y la droga y la siembran al cuerpo de Ricardo Daniel Borrego Miguel y de Diana Calderón Bravo”.
De igual manera, señaló que con la muerte de ambos jóvenes suman tres ejecuciones extrajudiciales atribuidas a efectivos militares en lo que va del año, la primera de las cuales se registró el pasado 15 de febrero, cuando Gustavo Ortega Pérez fue abatido por la espalda.
El presidente del CDHNL destacó que del 31 de marzo de 2009 al 17 de octubre del año pasado, en operativos o retenes del Ejército 11 personas desarmadas perdieron la vida en Tamaulipas, entre ellos los niños Bryan y Martín Almanza Salazar, el 3 de abril de 2010.
Y reiteró las exigencias a Peña Nieto expresadas en la carta –con fecha 21 de mayo y firmada por la madre de Diana y Job, Guadalupe Bravo– para que se realice “una investigación exhaustiva, urgente e imparcial” que lleve al esclarecimiento de las muertes de Diana y Ricardo.
También demandó garantías para preservar la integridad de los familiares de las víctimas, sobrevivientes y testigos de los hechos, “para evitar represalias, actos de intimidación o cualquier otra acción que ponga en riesgo sus vidas, pertenencias y labores habituales, por parte del personal militar o cualquier otra autoridad federal y estatal, que tomen conocimiento”.
Asimismo, solicitó al Ejecutivo que ordene la suspensión de los patrullajes realizados por el personal del XVI Regimiento de Caballería Motorizada en tanto se realizan las investigaciones, para “determinar su participación en el fallecimiento de las víctimas, la negación de auxilio, la siembra de evidencias (armamento, municiones, fornituras y droga), así como la alteración del escenario, y como consecuencia de todo lo anterior la distorsión y obstrucción de las investigaciones”.
Igualmente, exigió sanciones ante el incumplimiento de los Protocolos y Manual de uso de la Fuerza emitidos el 22 de mayo de 2014.
http://www.proceso.com.mx/?p=405543
