INTERIORES
Por Carlos López Arriaga
Cd. Victoria.- Hace veinte años, la ejecución del exgobernador guerrerense y por entonces secretario general del PRI JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU derivó en una ofensiva feroz de la PGR salinista por tierras tamaulipecas.
Bajo la batuta del subprocurador y hermano de la víctima MARIO RUIZ MASSIEU, la primera etapa de la investigación nada quiso saber del indicio que ya desde entonces apuntaba hacia RAUL SALINAS DE GORTARI.
En su afán de mantener a salvo a la familia presidencial, se tejió una tormentosa trama donde involucraban en calidad de cómplices a personajes tan disímbolos (adversarios, incluso) como el exgobernador ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ y el legendario político reynosense MANUEL GARZA GONZÁLEZ.
En filtraciones sin fuente ni sustento, desde sus ocho columnas metían en un mismo costal a JOAQUÍN HERNÁNDEZ GALICIA y al expresidente del PRI ABRAHAM RUBIO, entre una pléyade de personalidades regionales.
AUTORÍA INTELECTUAL
Sancarlense el asesino material DANIEL AGUILAR, una sola bala le bastó para consumar el crimen antes de emprender un pueril intento de fuga, frustrado a los pocos metros por vigilantes bancarios, en el cruce de las avenidas Reforma y Lafragua, en pleno centro capitalino.
El hilo de la sospecha se extendió entonces a su paisano y presunto cómplice CARLOS ÁNGEL CANTÚ y de ahí a otro tamaulipeco, FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ, asesor del diputado MANUEL MUÑOZ ROCHA.
Puntuales a la línea oficial, televisoras y diarios nacionales se sumaron al fantasioso afán de atribuir el asesinato a una presunta “conspiración tamaulipeca”.
Ello, mientras las huestes del hermano MARIO hacían furiosa leva de pacíficos campesinos cuyo único delito era ser familiares, vecinos o paisanos de quien apretó el gatillo.
Cruzado el umbral entre ambos sexenios, una vez entronizado ERNESTO ZEDILLO, la figura principal detrás de la cortina surgiría con claridad el 28 de febrero del siguiente año (1995) cuando RAUL SALINAS es detenido en su residencia y trasladado al penal federal de Almoloya. Pasaría luego 10 años en prisión.
PAREDÓN MEXIQUENSE
Amén de sus implicaciones en términos de derechos humanos, el presunto ajusticiamiento de 22 delincuentes el pasado 30 de junio en Tlatlaya, Estado de México, revela desconfianza en los militares involucrados hacia el sistema de administración de justicia y las instituciones penitenciarias.
Optan por el exterminio en desprecio claro al debido proceso. No les merece respeto alguno el camino señalado por las leyes, esa larga cadena que va del ministerio público al juez, de la integración del caso a la reunión de pruebas, las tareas de la fiscalía y la defensa, el veredicto, la sentencia y finalmente la cumplimiento de una condena.
Sin saberlo, reproducen de manera puntual la orden telegráfica girada en 1879 por el general PORFIRIO DÍAZ, tras conjurarse en Veracruz una sublevación contra su gobierno.
Cinco palabras le bastaron, por demás categóricas, terminantes, para definir su visión personal de la justicia y con ello un estilo que marcaría a su gobierno:
-“Capturados infraganti, mátalos en caliente.”
En el caso de Tlatlaya, dado el carácter abrumador de los testimonios brindados por sobrevivientes, la respuesta del presidente PEÑA NIETO hubo de ser inmediata.
Ocho de los soldados involucrados han sido detenidos y se encuentran sujetos a investigación.
Y este desafío se suma a la masacre del viernes pasado en Iguala, Guerrero, perpetrada por policías municipales contra estudiantes normalistas y miembros de un equipo de futbol, por lo cuál ya fueron arrestados 22 agentes preventivos.
Añada usted dos crímenes muy cercanos. El del dirigente panista también en Guerrero BRAULIO ZARAGOZA MAGANDA y el del diputado priísta por Jalisco GABRIEL GARCÍA MICHEL.
Hoy quise recordar aquel año oscuro de 1994, año de COLOSIO y RUIZ MASSIEU, año que empezó con una insurrección indígena y concluyó con el llamado error de diciembre.
Duele decirlo pero los demonios siguen sueltos.
BUZON: lopezarriaga21@prodigy.net.mx
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