*Los hechos ocurrieron a dos días de que la dependencia federal emitiera un acuerdo señalando irregularidades en un programa de nacionalización de vehículos extranjeros a bajo costo, promovido por la alcaldesa de Matamoros, Norma Leticia Salazar Vázquez.
Por Miguel Ángel Isidro / ANATAM.
Matamoros, Tamps.- Jacob Eslí Olvera Zúñiga, delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) en Tamaulipas, presentó una denuncia por amenazas en su contra, realizada por personas no identificadas la madrugada de este viernes, cuando regresaba a su domicilio.
Los hechos se presentan a dos días de que la dependencia federal emitiera un acuerdo señalando irregularidades en un programa de nacionalización de vehículos extranjeros a bajo costo, promovido por la alcaldesa de Matamoros, Norma Leticia Salazar Vázquez y su secretario de Desarrollo Social, Luis Alfredo Biasi.
De acuerdo con el testimonio presentado ante el Ministerio Público, Olvera Zúñiga señaló que dos personas desconocidas lo interceptaron la madrugada de este viernes, cuando llegaba a su domicilio; ambos sujetos profirieron en su contra amenazas verbales relacionadas con el programa de importación de vehículos en esta frontera, para posteriormente propinarle algunos golpes y huir con rumbo desconocido.
EL ORIGEN
Los antecedentes de este hecho se remontan a finales del mes pasado, cuando autoridades del gobierno municipal de Matamoros iniciaron una amplia difusión en medios de comunicación sobre la apertura de un programa municipal de nacionalización de vehículos extranjeros a bajo costo, en una alianza entre el Ayuntamiento y agencias importadoras.
Sin embargo, a través de un comunicado emitido el pasado 30 de junio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) advirtió que el programa impulsado por el gobierno municipal de Matamoros carece de sustento legal, pues las agencias promotoras pretendían efectuar la importación a través de un amparo judicial.
“Se recomienda a los ciudadanos informarse sobre los pasos correctos para la regularización de vehículos, y no utilizar medidas de carácter temporal que pudieran ser otorgadas por algunos jueces presumiblemente de manera irregular, mismos que en algunos casos se encuentran bajo investigación y en otros bajo suspensión ordenada por el Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La suspensión determinada por este órgano colegiado es por el tiempo requerido para tramitar y resolver dicho procedimiento de investigación”, señala el comunicado del SAT.
No obstante la advertencia, el 1 de agosto la comuna facilitó las instalaciones del Auditorio Municipal “Mundo Nuevo”, a donde concurrieron más de 6 mil posesonarios de vehículos de procedencia extranjera ante el incentivo de realizar este trámite por menos de la mitad de su costo regular.
INTERVIENE PRODECON
El 12 de agosto, la Procuraduría de Defensa del Consumidor solicitó a la alcaldesa Salazar Vázquez y al secretario Biasi informar sobre las bases legales del programa de regularización, ante la evidencia de que el procedimiento contraviene diversas disposiciones fiscales, situación que atenta contra los intereses de los particulares que han buscado acogerse al programa municipal para la regularización de los llamados “autos chocolates”.
A través de un escrito remitido por el segundo síndico municipal Abelardo Ruíz García, en su calidad de apoderado legal, el Ayuntamiento de Matamoros emitió respuesta al llamado de la Prodecon, presentando un recurso legal a través del cual atacó las facultades legales del organismo para conocer del caso, argumentando que se trata de un programa en el que las agencias aduanales, en su carácter de empresas particulares, accedieron a otorgar los trámites a bajo costo, mientras que el protocolo de importación es realizado directamente por el SAT a través las aduanas, y que en este caso, el municipio sólo participa como “facilitador”.
En respuesta, el 27 de agosto la Prodecon emitió un acuerdo en el que no sólo ratificó su injerencia en el caso en su carácter de entidad “ombusdman del contribuyente”, sino que también emplazó a los funcionarios municipales a esclarecer su participación en dicho programa “carente de sustento legal y fiscal”, sino además asumir responsabilidad ante la eventual afectación a los contribuyentes que accedieron acogerse al programa municipal.
Es importante señalar que el referido programa concluye este sábado 30 de agosto, y que a la fecha, no se ha concretado ningún trámite de modulación e importación por parte de la Aduana de Matamoros, situación que ha desatado especulaciones diversas entre los más de 6 mil usuarios que ya pagaron sus trámites y están en espera de regularizar sus “autos chocolate” en esta frontera.
En este contexto es que se ha presentado la denuncia por agresión en contra del delegado Olvera Zúñiga, quien confirmo que ante los hechos, la Prodecon decidió remitir el seguimiento del expediente 715-TAM-AO-2014 a sus oficinas centrales, bajo la jurisdicción de la oficina de Análisis Sistémico y Estudios Normativos, en tanto las autoridades locales indagan la procedencia de las amenazas contra el funcionario federal.
Hasta el momento, ni la alcaldesa de Matamoros Leticia Salazar Vázquez ni el secretario municipal de Desarrollo Social Luis Alfredo Biasi han emitido declaración alguna sobre estos hechos.
