VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- El gobernador Arturo Núñez Jiménez dio a conocer hoy información más puntual sobre el saqueo a Tabasco perpetrado por su predecesor, el priista Andrés Granier Melo.
En entrevista con un noticiero de radio local donde hizo un recuento de sus primeros 19 meses de gobierno, el funcionario precisó que el boquete financiero que dejó Granier asciende a más de 37 mil 500 millones de pesos, de los cuales, acotó, 9 mil 500 fueron sustraídos en efectivo durante la administración anterior.
El dinero que llegará a la entidad vía la reforma energética, dijo, se utilizará para pagar a proveedores, “sanear el desfalco” y atender problemas del sector educativo que ascienden a mil 500 millones.
También para “fondear” el sistema de pensiones con 400 millones, cubrir la aportación estatal del Fonden con mil millones; 200 millones más para liquidar laudos y otros 780 millones para saldar adeudos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Con la aprobación de la vertiente fiscal de la reforma energética, Núñez Jiménez estima que la entidad recibirá de manera conservadora más de mil millones de pesos anuales, con lo que se “se comienza a ver la luz al final del túnel”.
Recordó que las finanzas de su gobierno “estuvieron a punto de la quiebra por la falta de liquidez y la catástrofe financiera heredada del régimen anterior”.
El mandatario comentó también que con el cambio de fórmula de las participaciones federales en 2007, Tabasco ha dejado de recibir de 3 a 4 mil millones de pesos anuales, lo que lo tiene en una “delicada situación de crisis” que podrá ir superando “en la medida de lo que logre con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)”.
Asimismo, destacó que el cabildeo que tuvo con el presidente Enrique Peña Nieto, la SHCP y los coordinadores parlamentarios de las principales fuerzas políticas permitió subir hasta 0.87% la fórmula del Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Fexhi), y que aún está pendiente otra negociación con la Federación “que permitirá mejorar gradualmente los ingresos del estado”.
“He tenido un entendimiento institucional con el gobierno federal muy bueno y lo acabo de ratificar en esta lucha por la vertiente fiscal de la reforma energética”, recalcó.
El mandatario tabasqueño descartó que en corto plazo se recurra a un nuevo empréstito y subrayó que se mantiene firme la ruta de ocupar los dos primeros años de su gobierno para enfrentar la crisis; los dos siguientes, para la consolidación, y los dos últimos para el crecimiento.
Sobre la relación con Petróleos Mexicanos (Pemex), dijo que su gobierno siempre estará de lado de la ley y que el diálogo y el entendimiento son las únicas vías para resolver el conflicto que algunas comunidades sostienen con la empresa.
Bajo ningún motivo, advirtió, se entregará dinero a los inconformes para que retiren sus protestas y el bloqueo a instalaciones petroleras, aunque se dijo convencido de que la represión nunca será la forma para resolver los conflictos sociales.
De los ocho grupos que iniciaron protestas contra Pemex, aclaró que con siete se alcanzaron acuerdos de beneficio para sus comunidades y sólo uno mantiene una actitud disidente, lo que está frenando la llegada de los recursos de un Programa de Empleo Temporal gestionado ante la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
El grupo disidente es el que bloquea desde hace un mes la llamada Pirámide de Pemex donde se ubican las oficinas de Pemex Exploración Producción (PEP) de la Región Sur en esta capital, encabezado por campesinos e indígenas chontales de los municipios de Nacajuca y Jalpa de Méndez.
Los inconformes exigen pagos de daños por la explosión del pozo Terra 123, ocurrido en Nacajuca en octubre de 2013.
