En Tamaulipas hay una sensación de abandono.
La tragedia actual de violencia se gestó hace dos décadas. Con Manuel Cavazos Lerma (1993-1999), Tomás Yarrington Ruvalcaba (1999-2004) y Eugenio Hernández Flores (2005-2010) prevalecieron tolerancia, complicidad y subordinación, respectivamente, frente al ascenso del crimen organizado. Su clase política, con muy escasas y valiosas excepciones, se deslizó en un tobogán de corrupción, frivolidad y cinismo.
Estas administraciones depredadoras y extractivas fueron el caldo de cultivo para que las bandas delincuenciales se hicieran del control territorial, castigando a los 43 municipios y a todas las clases sociales. Hay mucho dolor, rabia e indignación ante la impunidad del trasiego de drogas y personas, del secuestro, la extorsión y el cobro de “piso”.
En sus 80 mil kilómetros cuadrados de territorio hay cuatro regiones: Nuevo Laredo y la frontera chica; el corredor Reynosa-Río Bravo-Matamoros; el centro en torno a la capital, Ciudad Victoria; y el sur con la conurbación Tampico-Madero-Altamira. Su escasa interrelación favoreció que florecieran cacicazgos locales y regionales, tanto económicos, como políticos y sindicales.
Paradójicamente, Tamaulipas tiene todo para destacar: 400 kilómetros de frontera con el mayor mercado mundial —por Nuevo Laredo cruza 30% del comercio de mercancías con EU. Tiene 500 kilómetros de litoral y cinco ríos que desembocan al Golfo de México. Su industria petroquímica es líder a nivel nacional. Altamira y Tampico son puertos de nivel internacional. Ocupa el lugar 11 en el índice de desarrollo humano entre las entidades federativas. Y sin embargo, el éxodo de empresarios y empresas a causa de la violencia tiene a la economía estatal postrada.
Un muy alto funcionario de inteligencia me decía en 2011 que en 31 de 32 entidades federativas se podía calificar al gobierno del estado como bueno, malo, o pésimo, pero en un estado simple y sencillamente no se podía calificar, porque no había gobierno: mandan los “malosos”. Adivine cuál.
Hoy la espiral de violencia ha hecho de sus ciudadanos rehenes en su propia casa.
Tamaulipas es una de las nueve entidades federativas donde no ha habido alternancia en la gubernatura. No cuenta con una clase empresarial unificada a nivel estatal, ni un obispo, una universidad estatal o una oposición política a la altura de los desafíos que enfrenta. ¿Cuántos políticos están metidos en el negocio del crimen organizado? Aún en la ineptitud, el gobierno del estado sobrevive porque no ha enfrentado de manera coordinada y simultánea el descontento ciudadano.
El grueso de los tamaulipecos resiste. Piden se reconozca que los responsables de garantizar la seguridad ciudadana están rebasados. Solicitan al gobierno federal la instrumentación de una estrategia integral contra la violencia. Saben, sin embargo, que la intervención externa no sustituye a la urgente reconstrucción de las instituciones estatales, de modo tal que el aparato de seguridad proteja a los ciudadanos y el sistema de justicia haga honor a su nombre.
Hoy el gobierno federal está concentrado en la crisis michoacana y en la prevención del estallido mexiquense. El 11 de abril, Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, anunció que Tamaulipas no está abandonado y que autoridades federales y estatales evalúan cómo aplicar una estrategia de seguridad ‘plena’ en el estado. Deberá tener como prioridad acciones contundentes para responder al clamor de los tamaulipecos: vivir en paz.
