OBSERVANDO
Por José de la Paz Bermúdez Valdés
• México reprobado: OCDE
• El mapa de la inversión para la calidad educativa.
• Tamaulipas: un política despiadada de recaudación.
• Observado
• México reprobado: OCDE
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) –integrada por un club de 34 países productores de 60 por ciento de bienes y servicios a escala global–, de la que México forma parte, ha reprobado en los meses recientes las políticas aplicadas por la administración de Enrique Peña Nieto en los rubros de salud, educación y seguridad.
Ahora bien está información permite aseverar que el actual gobierno de la república ha reprobado en su acción de política pública.
En octubre, ese club de naciones que se autoproclaman democráticas y desarrolladas consideró al país como su integrante más inseguro, pues a partir de la tasa de delitos y homicidios registrados, el país obtuvo una calificación de cero.
Al inicio del actual gobierno federal se dijo que las estrategia emprendida por el gobierno anterior estaba equivocad, que el nuevo gobierno enfocaría sus acciones en un nuevo diseño de oferta de seguridad pública. Sin embargo transcurrido un año de gobierno, dicho diseño no tan sólo no ha funcionado, sino que se ha concretado a realizar lo que con tanta vehemencia descalificó.
México es el estado miembro que tiene la tasa más alta de asesinatos, pero también es el país donde existe la máxima disparidad regional en estos crímenes.
Esto sin lugar a dudas obedece a las políticas estatales, como el caso Tamaulipas en donde el gobernante se ha negado sistemáticamente a certificar a sus policías, quizás en franco apego a los acuerdos sostenidos con el crimen organizado.
Más aun, su policía estatal es la principal generadora de inseguridad, extorsiona, secuestra e incrimina supuestos delitos a personas inocentes por el simple hecho de pertenecer a tal o cual municipio. Es frecuente que la policía estatal en ciudad Victoria, detenga a jóvenes provenientes de Matamoros, Río Bravo, Reynosa o Nuevo Laredo, por el simple hecho de identificarse ser residentes de dichos municipios. Obviamente la extorsión se hace presente cobrándoles fuertes cantidades por el simple hecho de no residir en la capital del estado.
El gobierno de Egidio Torre Cantú, lo sabe, lo permite en aras de respetar acuerdos oscuros con alguno de los grupos delincuenciales, con quien mantiene excelentes relaciones.
Los índices revelados por la OCDE colocaron a la República Mexicana en el último puesto en cuanto a educación, y en los más bajos sitios en los ingresos por habitante.
Esta situación no es ajena al gobierno de la república, sin embargo la Secretaría de Educación Pública sigue operando como una “Casta Divina”, en dónde sólo ella autoriza planes y programas, en dónde sólo ella puede establecer el calendario escolar, en dónde sólo ella determina la carga curricular para cada grado, en fin dónde sólo ella es la máxima instancia para atender el renglón educativo, en franco menoscabo de las diferencias estatales y regionales que vive la población y la comunidad escolar.
En mayo pasado se divulgó un estudio elaborado por la organización, donde se ubicó a México en el último lugar de las dimensiones de educación y seguridad.
Cómo no vamos a estar en el último lugar en educación si quienes dirigen este renglón no permiten la participación de los docentes, de los académicos, de los especialistas en el diseño y creación de planes y programas.
Y evidentemente el bajo rendimiento escolar repercute en el desempeño laboral y éste en la inseguridad.
Los jóvenes que no son preparados adecuadamente, no tienen oportunidades de un buen desempeño profesional, esto genera subempleo, frustración y el engrose en las filas de la delincuencia ante la ausencia de oportunidades laborales para ellos.
Hasta hace algunos meses, el ingreso promedio de los mexicanos alcanzaba los 12 mil 182 dólares anuales, mientras el promedio de los habitantes del resto de los países de la OCDE (33 naciones) ascendió a 22 mil 284 dólares.
Esta circunstancia ha originado un deterioro en el nivel de vida de los mexicanos. El gobierno mexicano se preocupa por recaudar impuestos, poco o nada le importa invertirlos en servicios, obras y sobre todo en educación e investigación científica. La premisa es enriquecerse en el tránsito por los cargos gubernamentales.
En México, para las mujeres el promedio de vida es de 77 años, y de 71 para los hombres, frente al promedio de la organización, en que las mujeres viven 83 años y los hombres 77.
Otro tema que atrae la atención de ese club de países es el incremento en las tasas de obesidad, que si bien ha aumentado en todos los países integrantes, para promediar 17.8 por ciento de la población, en México se dispara hasta 30 por ciento, sólo por debajo de Estados Unidos. Este fenómeno generará en el futuro notables problemas de salud, como la diabetes, padecimientos cardiovasculares y asma.
En el rubro de la delincuencia, considerada como un fenómeno territorial en casi todos los países integrantes de la OCDE –esto se intensifica en México–, en el país se registra la tasa más alta de asesinatos y se descubre el vínculo entre los actos ilegales y violentos con otras variables socioeconómicas como el desempleo juvenil.
Esta circunstancia debería generar una Reforma de la Seguridad Pública, en donde los cuerpos de seguridad pública fuesen evaluados permanentemente, empezando por los altos mandos. Así como la denuncia del bajo índice educativo del país señalado por la OCDE determinó que el gobierno de la república realizara la seudo Reforma Educativa, así debería a avocarse a decretar una Reforma de Seguridad Pública, en donde los elementos que no cumplan con los parámetros exigidos para el desempeño de dichas funciones, deben ser despedidos.
• El mapa de la inversión para la calidad educativa.
En el ámbito educativo no podremos avanzar mucho mientras el gobierno de la república siga observando la conducta del “Tío Lolo” de querer enviar mensajes a la sociedad de que están cumpliendo con sus obligaciones, cuando la realidad es que no tienen la capacidad para atender la demanda educativa.
El gobierno de la república no tiene los recursos suficientes para ofrecer una educación de calidad en los niveles inicial, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y universitaria.
Pero se rehúsa a permitir la inversión de la iniciativa privada. Su negativa obedece a querer mantener una imagen de autosuficiencia que no tiene.
A la iniciativa privada le exige edificios estructuralmente bien construidos, les cobra por la certificación de las instalaciones, les cobra por la inscripción de alumnos, por el registro e incorporación de dichos alumnos, por la validación y acreditación y finalmente por la legalización de documentos.
Constituye todo un negocio para el gobierno como el de Tamaulipas, que un particular ofrezca servicios de educación. ES tan precario el servicio que el gobierno tamaulipeco ofrece a los particulares, que para la legalización de sus documentos, los propios particulares tienen que elaborar los sellos con los que el gobierno tamaulipeco legaliza y valida los estudios realizados en plantes particulares.
No obstante que cobran por todo, ni siquiera son capaces de confeccionar sus propios sellos oficiales. ¿Qué le hacen al dinero que cobran por tanto concepto que han inventado para las escuelas particulares?
Para resolver el problema educativo de nuestro país, es imperativo que el gobierno reconozca su incapacidad para atender este rubro, permita la participación de los particulares como coadyuvantes en la solución de este problema.
Debe elaborarse un mapa de prioridades educativas y estimular a la iniciativa privada para que con su concurso auxilie a la prestación del servicio educativo.
• Tamaulipas: un política despiadada de recaudación.
Lamentablemente la política que realiza el actual gobierno de Tamaulipas es la de recaudar, recaudar, recaudar y recaudar dinero por todos los conceptos existente o inventados.
¿Y dónde está ese dinero? Muy posiblemente en las cuentas bancarias de los funcionarios gubernamentales.
El séquito de sátrapas ubicados en las oficinas fiscales y los cobradores municipales de las tesorerías locales han llegado al paroxismo de ofertar descuentos a los contribuyentes y realizar rifas para que paguen sus impuestos.
Y la pregunta sigue siendo la misma ¿Dónde está el dinero?
Porque las calles están destrozadas en la mayoría de las ciudades de la entidad, llenas de pozos, tapizadas de topes, sin banquetas, sin señalamiento vial, carentes de alumbrado público. Entonces ¿Para qué quieren recaudar tanto dinero?
Se cobra el impuesto de tenencia vehicular, pero su asignación a una parte del presupuesto de ingresos no existe. ¿A qué se destina ese impuesto?
Ya en el pasado quedó demostrado que es un impuesto in justo, ilegal y que lastima a las familias. ¿Por qué Egidio Torres y su séquito de rufianes persiste en ese afán de lastimar la economía de los tamaulipecos?
• Observado.
La administración municipal panista de Matamoros, salió más depredadora de los dineros del pueblo que todas las administraciones priistas que la han antecedido.
Hablan de transparencia, pero, no le dicen a la ciudadanía que el padre de la alcaldesa se ha convertido el principal contratista del municipio, el cobrador de los porcentajes a los proveedores, el proveedor de medicamentos al ayuntamiento, el único proveedor de refacciones para el taller municipal y por si fuera poco el único que determina quién entra a laborar en algunas áreas de la administración pública.
¿A eso le llaman transparencia?
