Cuestión Pública
Por: luis lauro carrillo Soto
Tamaulipas México.- La corrupción es un fenómeno social que afecta gravemente la legitimidad de la democracia, distorsiona el sistema económico y constituye un factor de desintegración social. Su combate es uno de los campos en los cuales la acción colectiva del Estado no sólo es útil y conveniente, sino absolutamente necesaria.
Viene a cuento lo anterior por la aprobación por parte del Senado de la reforma constitucional para crear la Comisión Nacional Anticorrupción, un problema que cuesta al país cerca del 10% del Producto Interno Bruto (PIB), según estimaciones de organismos empresariales y no gubernamentales en materia de transparencia.
Cabe decir que el nuevo órgano responsable de combatir la corrupción es descentralizado, de carácter público tendrá autonomía constitucional con personalidad jurídica y patrimonio propio y facultades para prevenir, investigar y sancionar por la vía administrativa las irregularidades que cometan servidores públicos y ciudadanos.
De tal suerte que desde el régimen de renovación moral de la sociedad de Miguel de la Madrid, con la creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, el gobierno ni el congreso se habrían ocupado de esta asignatura pendiente de no ser por las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), para acelerar medidas anticorrupción.
Sobra decir que la reforma no otorgó a la Comisión Nacional Anticorrupción facultades de fiscal especial autónomo para la investigación, persecución y combate de todos los delitos de corrupción ante los tribunales federales, ni mucho menos proponer la creación de una Fiscalía Nacional contra la Corrupción. En suma sin dientes Jurídicos.
En otras palabras una fiscalía como órgano descentralizado, con autonomía constitucional, personalidad jurídica y patrimonio propio, para investigar delitos de corrupción cometidos por servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, de los órganos autónomos, así como de particulares, y en su caso consignarlos ante el juez competente.
Tengamos presente de que como está diseñada la Comisión Nacional Anticorrupción, en los hechos se traducirá en más burocracia para dar la impresión de que se está en contra de la deshonestidad, pero seguramente actuará con menor eficacia a la hora de enfrentar la realidad del problema.
Ahora bien `partamos pues, de la premisa de que la mejor herramienta para combatir la corrupción es tener una organización del Estado capaz de prevenir, investigar, acusar y procesar a aquellos funcionarios corruptos. Si aceptamos esta premisa, la solución propuesta en la reforma aprobada por el Senado, no solucionará nada contra del abuso de poder, la corrupción y de la impunidad.
En otro orden de ideas, el destino de la Secretaría de la Función Pública, es su desaparición como instrumento anticorrupción, sus otras funciones, como el servicio profesional de carrera, la unidad de compras gubernamental, la declaración patrimonial, la administración del patrimonio federal y la simplificación y modernización administrativa, se trasladaran a la Secretaría de Hacienda.
Por otro lado la sociedad mexicana ya esta hastiada de convenios en lo oscurito, tráfico de influencias, manipulación de licitaciones, el diezmo comisional, el peculado, el abuso de poder, la prevaricación, el patrimonialismo burocrático y las complicidades políticas.
Al statu quo parece no importarle señalamientos de organismos no gubernamentales extranjeros, como transparencia internacional que ha evidenciado a México entre los países más corruptos, ubicándonos en la posición 106 de 177 a nivel mundial con 34 puntos y entre los países de la OCDE, nuestro país lo ubica en el último lugar por debajo de Grecia e Italia.
Por tanto lo que la República requiere y necesita no es solo una Comisión Nacional Anticorrupción, sino que paralelamente, un código de ética diferente al vigente, una política de Estado contra la corrupción con un renovado sistema de cuentas, de controles, de instituciones y de personas coordinado y coherente, que se desempeñen con eficacia a prevenir y coadyuvar en el combate a la corrupción.
En definitiva la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción es una respuesta cosmética que no atiende el problema de fondo, diseñada en base a la idea de Lampedusa «cambiar algo para que todo siga igual», con las mismas facultades y atribuciones que la actual Secretaría de la Función Pública, salvo el cambio de nombre y de que ahora se trata de un organismo público descentralizado.
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