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Municipio de Chihuahua presenta demanda contra Plan B electoral; incluye Ley General de Comunicación Social

Por: Isaias Alvarez

El Alcalde panista del Municipio de Chihuahua, Marco Bonilla, ha presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una demanda de controversia constitucional en contra del Plan B de la reforma electoral. El Gobierno Municipal argumenta que las reformas elaboradas por la Cámara de Diputados violan la libertad hacendaria consagrada en el artículo 115 constitucional y también el derecho a la información de los ciudadanos del Municipio.

En un comunicado, el Gobierno Municipal explicó que tras el análisis realizado por la autoridad municipal, la reforma viola los principios de autonomía, libertad hacendaria y configurativa, principio de reserva de ley, además de vulnerar el derecho a la libertad de información de los habitantes del Municipio de Chihuahua. Entre los conceptos de invalidez que se reclaman se incluyen:

  1. Agravio a la libre administración hacendaria y la autonomía hacendaria del Municipio de Chihuahua.
  2. Vulneración del derecho a la información de las y los ciudadanos del Municipio de Chihuahua, lo que restringe su acceso adecuado y oportuno a los diversos servicios, programas, apoyos y acciones que el Municipio ofrece.
  3. Vulneración del principio de proporcionalidad de las medidas legislativas que restringen derechos humanos como la igualdad y no discriminación, la igualdad de oportunidades y el desarrollo de personas que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas, a la educación, a la igualdad entre hombres y mujeres, a la alimentación, a la protección de la salud, a un medio ambiente sano, a una vivienda digna.
  4. La norma impugnada es absolutamente desproporcionada al fijar un tope presupuestal homologado para todos los poderes de la Unión de los tres niveles de Gobierno, debido a que no considera el monto de los presupuestos de egresos aprobados para cada ente gubernamental y omite que el Gobierno federal tiene además de un tope de más de 6 mil millones de pesos para Comunicación Social, acceso a los tiempos oficiales y al sistema nacional de radiodifusión del Estado.

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