Vinculan a proceso a “Chito” García por presunto uso ilícito de atribuciones
El exsecretario de Desarrollo Económico de Tamaulipas enfrenta dos causas penales; el juez fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria
Julio 24 de 2026
Ciudad Victoria Tamaulipas.-Carlos Alberto García González, conocido como “Chito”, exsecretario de Desarrollo Económico durante el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, fue vinculado a proceso dentro de dos carpetas de investigación por su probable responsabilidad en los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, así como desempeño de funciones judiciales o administrativas.
La resolución fue dictada por un juez de Control de la Primera Región Judicial de Tamaulipas dentro de las causas penales relacionadas con las carpetas 00385/2025 y 00367/2025, promovidas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado.
Las audiencias se realizaron los días 15 y 20 de octubre de 2025 en el Centro Integral de Justicia de Ciudad Victoria, donde también fue definida la situación jurídica de otros exfuncionarios de primer nivel de la administración estatal anterior.
Durante la audiencia del 20 de octubre, el juez determinó vincular a proceso a García González, quien compareció ante la autoridad judicial. En esa misma jornada también fueron procesados Rómulo “N”, exsecretario de Bienestar Social, y Enrique “N”, exsubsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud.
Los tres exservidores públicos fueron señalados por su probable responsabilidad en conductas relacionadas con el ejercicio indebido de sus funciones. La vinculación a proceso no implica una declaración de culpabilidad, sino que permite la continuación de las investigaciones bajo supervisión judicial.
En el caso de García González, el juez concedió un plazo de tres meses para la investigación complementaria, el cual concluyó el 20 de enero de 2026. Durante ese periodo, la Fiscalía Anticorrupción debía reunir nuevos datos de prueba para definir si presentaría una acusación formal.
El exfuncionario también se desempeñó como diputado federal y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas.
El fiscal especializado en Combate a la Corrupción, Jesús Eduardo Govea Orozco, señaló en su momento que los procedimientos involucraban a exfuncionarios estatales de primer nivel.
De acuerdo con cifras difundidas por la propia Fiscalía, alrededor de 15 exservidores públicos de alto rango habían sido vinculados a proceso, mientras que aproximadamente 458 exfuncionarios, entre titulares, mandos superiores y personal de nivel medio, figuraban dentro de distintas carpetas de investigación.
A diferencia de otros integrantes del anterior gobierno estatal, García González enfrenta el proceso en libertad. Hasta el momento no se ha informado públicamente sobre la imposición de alguna medida cautelar que implique su reclusión.
Rómulo “N”, exsecretario de Bienestar Social, permanece sujeto a prisión preventiva justificada, mientras que Jesús Alberto “N”, exsecretario de Administración, ha sido señalado por las autoridades como sustraído de la acción de la justicia.
Hasta julio de 2026, después de que concluyera el plazo de investigación complementaria, no se ha dado a conocer públicamente si la Fiscalía presentó una acusación formal contra García González, si solicitó una ampliación o si los asuntos avanzaron hacia la etapa intermedia.
Tampoco existe información pública sobre la emisión de una sentencia en las dos causas penales, por lo que el exsecretario mantiene la presunción de inocencia mientras continúan los procedimientos judiciales.
Las investigaciones forman parte de las denuncias presentadas por distintas dependencias de la administración encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, así como por la Contraloría Gubernamental y la Auditoría Superior del Estado, contra exfuncionarios del gobierno anterior.
Las autoridades estatales han informado que las investigaciones abiertas por presuntas irregularidades administrativas y financieras representarían, en conjunto, posibles afectaciones al erario superiores a los 2 mil millones de pesos.
En caso de que los delitos sean acreditados ante un tribunal, las sanciones dependerán de los hechos demostrados, la clasificación jurídica definitiva, el grado de responsabilidad que determine el juez y las reglas aplicables para la individualización de las penas.
La eventual condena podría incluir prisión, multas económicas e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Sin embargo, cualquier sanción solamente podrá imponerse después de un juicio y mediante una sentencia condenatoria firme.
