En el Senado, el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, ha provocado el choque al interior de la bancada de Morena entre el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez Aguilar, y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.
Ramírez Aguilar declaró, en una entrevista radiofónica realizada el viernes, que García Cabeza de Vaca no sólo no ha perdido el fuero, sino, además, no existe una orden de aprehensión en su contra.
“Tiene fuero el gobernador; en este momento, sí; jurídicamente estoy dando mi opinión de lo que procede, sin entrar a un tema de defensa, o a favor o en contra”, dijo y agregó: “Busqué por acceso a la información en los órganos jurisdiccionales: no existe una orden de aprehensión. O sea, como tal, no hay una orden de aprehensión”
A contrapelo, Monreal afirmó ayer que si no hubiera orden de aprehensión entonces, “¿por qué se esconde el gobernador, por qué no da la cara y cumple otras funciones que le tiene encomendada la Constitución a quien es señalado como presunto responsable?”
“Es muy sencillo, si no existe la orden de aprehensión, que García Cabeza de Vaca se conduzca con transparencia, que acuda a las oficinas de gobierno, que se presente a la Fiscalía General de la República o al juzgado de control para reclamar que ‘no existe’”, dijo.
De acuerdo con fuentes consultadas, Eduardo Ramírez Aguilar, pese a que sus declaraciones generaron molestia al interior de la bancada de Morena, seguirá siendo el presidente de la Mesa Directiva y de la Comisión Permanente.
Crisis institucional
De acuerdo con Monreal, Tamaulipas se encuentra en una crisis institucional que urge atender, por lo que “no son válidos los alegatos facciosos ni la confrontación partidista”.
Reiteró su llamado a alcanzar un acuerdo para que García Cabeza de Vaca pida licencia y se nombre a un gobernador provisional, o, de lo contrario, el Congreso de la Unión deberá iniciar el proceso de desaparición de poderes en Tamaulipas. “No se requiere ser adivino para expresar eso, porque se trata de un proceso normal, consecuencia jurisdiccional de los hechos”, sostuvo.
