EMPRESAS AUTOMOTRICES Y GOBIERNO IMPULSAN DECOMISOS DE AUTOS «CHOCOLOATE» EN LUGAR DE DAR FACILIDADES PARA REGULARIZARLOS

Jose Manuel Meza
El encarecimiento de los trámites de importación en unidades de procedencia extranjera y el veto para regularizar modelos con una antigüedad mayor a siete años han causado que quienes tengan un coche ‘chocolate’ se mantengan en la ilegalidad. Circulan con placas americanas o se enlistan a organizaciones como la UCD y Onappafa para identificarse.

Con el regreso de los operativos vehiculares a las calles de Reynosa, como una medida para combatir la inseguridad, la población que posee un auto de origen estadounidense  (no matriculado en México), principalmente personas de clase media baja como obreros y amas de casa, han mostrado su temor a que les sea decomisado.

Aunque el gobierno de Tamaulipas declaró que sólo realizan revisiones de rutina, y la comandancia municipal de Tránsito y Vialidad aseguró que mientras los usuarios porten sus documentos, no se harán acreedores a multas.

Los filtros están originando que la Unión Campesina Democrática (UCD) y la Organización Nacional para la Protección del Patrimonio Familiar, (Onappafa), tengan una mayor solicitud de afiliaciones.

Sin embargo, de acuerdo con las autoridades, tales registros no están validados ante ningún gobierno y no eximen a los automovilistas que se transportan en vehículos irregulares.  

El comandante del primer turno del Departamento de Tránsito de Reynosa, Benito Rivera, admitió que por el momento no existe una orden para infraccionar o decomisar las unidades matriculadas bajo las siglas de esas organizaciones, por lo que las sanciones administrativas se circunscriben sólo a la violación de algunas conductas viales en el reglamento, como conducir bajo los efectos del alcohol, drogas, desplazarse a exceso de velocidad y no respetar los señalamientos, básicamente. 

En tanto que Jesús Lugo Pinales, representante de la UCD en Tamaulipas, asegura que son alrededor de 30 mil las unidades que se han afiliado al organismo, el presidente de los Importadores de Autos Usados de Tamaulipas, Hugo Jofre Chávez, mencionó que el problema debe solucionarse de raíz, pero denunció que el gobierno federal no quiere. 

“No hay un apoyo ni una parte de humanidad por parte de la Federación hacia la gente más necesitada de las fronteras. Estamos perdiendo un beneficio que ayuda a los de abajo, mientras que el gobierno sólo favorece a los grandes empresarios”, lamentó. 

VEHÍCULOS USADOS: UN SECTOR DESPLOMADO
El entrevistado puso en relieve el comparativo de 2017 con 2012, mostrando una caída del 90 por ciento en el segmento de las importaciones de coches, el cual atañe directamente a una cadena laboral-comercial en la que entran reaccionarias, talleres mecánicos, de refrigeración, suspensiones, transmisiones, eléctricos, de hojalatería, tapicerías, negocios de autopartes y agencias aduanales, por mencionar algunos. 

Es decir, por los bloqueos del gobierno federal a la entrada de unidades extranjeras se perdieron miles de empleos tan sólo en Tamaulipas. 
“Y los vehículos siguen pasando, pero con demasiadas restricciones y muy caros para el bolsillo de los mexicanos, de aquellos que no requieren un auto nuevo, pero sí uno en buenas condiciones que pueda ayudarles a moverse y sustentar su economía familiar. 

“El gobierno no lo quiere entender: no hay dinero. De la clase media hacia abajo está muy difícil la economía, pero quieren meternos por los poros, por los oídos y los ojos los carros nuevos, que apoyemos la industria automotriz.

No se puede, no te dan crédito. Tienes que dar anualidades o cantidades semestrales muy fuertes y la gente no tiene dinero”, insistió. 
Por otro lado los trámites para poder importar una unidad resultan onerosos, que una familia de escasos recursos no puede pagar, por lo que debe circular ilegal. 

Y es que para regularizar un automóvil con placas fronterizas los precios de pedimento oscilan entre los 16 mil a los 40 mil pesos, mientras que para nacionalizarlo –para su libre circulación– las cotizaciones van de 30 mil pesos en adelante. 

“¿Cómo es posible que golpees a tu gente así?, con una regla que nos puso el gobierno de verificaciones que cuestan más de 100 dólares (casi dos mil pesos). Son arreglos que tiene Hacienda con empresarios para bloquear el sistema de importación de autos. 

“¿Y cómo es posible que con los sueldos de ahorita quieran cobrarle tanto a la gente en un convenio que tenemos del Tratado de Libre Comercio (TLC) que es exento? Nomás se debe pagar el IVA (Impuesto al Valor Agregado) y no ningún arancel. 

“Te ponen por un lado la restricción de un certificado de origen del vehículo, que es imposible conseguirlo, porque hay que pedirlo al fabricante; sin embargo, el tratado brinda la opción de presentar un certificado de conformidad a la trayectoria, conforme a su serie y registro vehicular. 

“Y esa era una facilidad que sí nos ayudaba y se evitaba un 50 por ciento que es totalmente abusivo por parte del gobierno, lo cual se comete contra el propio mexicano”, denunció Jofre Chávez.

¿QUEDA DE OTRA?
Quienes no han podido efectuar el trámite de importación para no tener problemas con sus vehículos optaron por afiliarse a organizaciones campesinas, al menos para estar identificados.  

“Hay unas que están apalabradas con Gobernación o con algunas reglas de que se les va a respetar. No están dentro de lo legal, porque no existe ningún escrito ni ningún documento que las ampare, sino solamente tienen acuerdos hablados; no obstante, la gente no va a perder su patrimonio por una mala ejecución o un mal criterio de un gobierno federal que tenemos”, agregó el presidente de los Importadores de Autos Usados de Tamaulipas.

–¿Es recomendable afiliarse a estas organizaciones UCD y Onappafa?
“No podría recomendarlo, porque no están dentro de un marco legal, pero si eso le permite a la gente no perder su patrimonio habrá quienes piensen que es válido, porque cuando a una persona le quitan su carro golpean su economía. 

“Castigan al mismo México, porque esa persona ya no te va a producir como cuando tenía su carro. El vehículo es para moverse, para llevar a los hijos a la escuela, para laborar. Muchas de esas unidades las utilizan como trabajo y si les golpeas su patrimonio, golpeas a México.

“Hay casos en los que el gobierno los avienta a una depresión económica familiar o terminan vulnerables a caer en las garras de la delincuencia, cometiendo crímenes”, expuso Jofre Chávez. 

LA REALIDAD FRONTERIZA
Aunque la UCD, surgida en 1988, es una organización enfocada a la protección de los intereses campesinos, ésta abrió su ‘apoyo’ al grueso de la comunidad en general, pues en el caso de Reynosa, el 80 por ciento de la población económicamente activa pertenece al sector obrero. 

Y según se observa, quienes poseen vehículos más nuevos están buscando afiliarse mientras reúnen dinero para importar o haya un cambio de gobierno que modifique los decretos. 

“El gran beneficio de los fronterizos es que la Unión Americana desecha sus carros en muy buen estado. Sus carreteras nos llevan 10 años de ventaja en que no les pasa nada. Pero aquí en las calles de Reynosa no duran un año los carros sin que les suene todo. Yo en un año me eché cuatro llantas y cuatro rines, y no ando para arriba y para abajo todo el día, más que de la casa, al trabajo, al mandado y a la escuela por los hijos. 

“Y eso duele, porque golpea las finanzas de la casa. ¿Y cómo la industria automotriz insiste que se le compren autos nuevos?, pero los daños que se ocasionan por las calles ¿quién los paga? No están dentro de la garantía por la falta de infraestructura. Son 7 mil, 10 mil o 12 mil que va a salir una reparación. Ahí es donde se atora la gente”, consideró. 

Por lo que, a decir del entrevistado, con un aproximado de tres millones de autos ilegales en México, se requiere una solución a fondo. 

“Es un mal que no se puede acabar. No creo que se termine, por más restricciones que tengamos, porque al mismo tiempo es un beneficio para la población, un artículo de primera necesidad. 

“La economía necesitamos tenerla todos, y si un vehículo usado nos ayuda, y contamos con la capacidad para comprarlo económicamente, pues que le den la oportunidad a la gente, que de igual manera lo importe de manera económica. Que le permitan ser legal sin abusar con los cobros”, solicitó Jofre Chávez
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