Por: Jose Luis Hernández Chavez
Este viernes el alto mando del PRI refrendará su vocación antidemocrática en la solución de los procesos electorales internos que iniciará la cuenta regresiva que culminará con la designación del candidato presidencial al que se encargará la misión casi imposible de conservar en poder del tricolor el gobierno federal en la sucesión política del 2018.
La filtraciones previas aseguran que esta vez, como en otras ocasiones, el dedazo será disfrazado de “convención de delegados” para definir cuál de los aspirantes al cargo de Enrique Peña Nieto será el elegido para defender la bandera y la camiseta del Revolucionario Institucional en circunstancias muy parecidas a las
que se dieron en la elección del 2006, contienda en la que el tricolor, representado por Roberto Madrazo, fue enviado al tercer lugar de las votaciones.
Aunque no se descartan sorpresas, la mayoría de los analistas y allegados al gobierno de la República coinciden en que el favorito para obtener la postulación será el Secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, aparentemente el único aspirante externo que uniría a los grupos políticos del panista Felipe Calderón Hinojosa y el primer priísta señor de Los Pinos para para impedir el eventual triunfo de Andrés Manuel López Obrador.
Hasta AMLO, que acostumbra meter la cuchara para ver qué saca a cambio, para fastidiar a los adversarios, causar incomodidades o simplemente para llamar la atención, ha elevado la voz para decir que también le apuesta a que el candidato presidencial que recibirá el visto bueno del nativo del mero preciso de México será el responsable de las finanzas del país.
La pregunta que se hacen los militantes del Revolucionario Institucional es ¿qué le darán a la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, que ha adelantado que sea cual fuese el método selectivo que opte la alta jerarquía priísta para definir la candidatura presidencial, ella se inscribirá como aspirante, para que se sume a la decisión de las cúpulas?
A ciencia cierta no se sabe, pero seguramente encontrarán algo, como lo hicieron con el ex gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, al que han encomendado la dirección del partido en la Ciudad de México, para que le levante también la mano al palomeado por el Gran Dedo.
Pero para que vean que las prácticas políticas antidemocráticas no son privativas del ex invencible, en Tamaulipas los candidatos del PAN al Senado, igual que las de diputados federales y, por supuesto, las de los alcaldes de los 43 municipios del Estado, serán definidos igualmente a través de la elección directa, como se llama en las filas blanquiazules al infalible método del PRI.
Los argumentos y justificaciones que se esgrimen son diversos, la realidad, sin embargo, es que elegir candidatos por la vía democrática resulta riesgosa y conflictiva, que casi siempre da pie a pugnas y divisiones de consecuencias desafortunadas y costosas, que se evitan o se reducen al mínimo cuando se recurre a la patente priísta del dedazo.
En enero, a más tardar, se darán a conocer las convocatorias en las que se fijarán los términos y reglas de la competencia interna.
Noticias provenientes de Reynosa, a propósito del partido albiazul, aseguran que si a la hora de las definiciones Acción Nacional no autoriza a la presidente municipal, Maky Ortiz Domínguez, a buscar la reelección, que se da como un hecho, sino que opta por designar a Chuma José María Moreno o a cualquier otro u otra aspirante, como se dice en los círculos políticos de aquella ciudad de la frontera, los seguidores de la madrina política de la presidente municipal, la señora Margarita Zavala, apoyarían a los candidatos del PRI o de otro partido.
Yo no lo creo.
Quizá, a lo sumo, los panistas simpatizantes de la jefa edilicia o de la ex Primera Dama de México no acudirían a ejercer el derecho del sufragio en favor del candidato designado para expresar su inconformidad, pero de ahí a votar en contra del partido por esa razón resulta poco creíble.
Para concluir, si el ayuntamiento de Ciudad Madero no toma una decisión apegada a la ley para resolver el escándalo que envuelve a la Delegación de Tránsito y Vialidad podría tener fuertes repercusiones políticas y abonar unos votos más a la causa de los ciudadanos que no aprueban la reelección.
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