COLUMNA La@Red POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI
Como analistas políticos creemos ahora si todo apunta a que la cacería emprendida en contra del exgobernador de Tamaulipas 1999-2004, Tomás Yárrinngton Ruvalcaba, va en serio.
La primera señal inequívoca que nos está dando la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la intención de capturar al otrora mandatario estatal es sin lugar a dudas la recompensa ofrecida de 15 millones de pesos a quién aporte información veraz y útil que conduzca a su captura, lo que para nosotros es un hecho sin precedente en el país.
Como el caso de Yárrington Ruvalcaba aún no está cerrado, ayer jueves fué detenido en el municipio de San Pedro Garza García, del estado de Nuevo León, Fernando Alejandro Cano Martínez, el que fuera su colaborador durante su gobierno, al que detuvieron elementos de Seguridad de NL en coordinación con agentes de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas.
La noticia de la captura de Cano Martínez la dió a conocer ayer jueves por la mañana el vocero de Seguridad de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua, al que ubicaron en un restaurante de la calle Corregidora, lugar del que salió al percatarse de la presencia policial, siendo aprendido cuadras más adelante por miembros de la Agencia Estatal de Investigaciones. Adelantó que el caso será turnado a la PGR que será la que determine lo conducente.
Cano Martínez está siendo señalado como probable operador financiero del ex gobernador Yárrington Ruvalcaba y es requerido por la Corte del Ditrito Sureste de Texas por los delitos de conspiración para cometer lavado de dinero y declaraciones falsas para defraudar a una institución bancaria y financiera, según se publicó.
En lo que concierne al ex gobernador del estado fiscales federales de Estados Unidos solicitaron a México en marzo del 2014 detención de Tomás Yárrington Ruvalcaba con fines de extradición y solicitaron el mismo proceso para Cano Martínez, como probable prestanombres del ex mandatario. A Yárrington Ruvalcaba desde el 2004 lo acusan de presunto narcotráfico y lavado de dinero.
Con el caso de Tomás Yárrington Ruvalcaba que en México está en la mira de la PGR y de fiscales federales de Estados Unidos, ya son cinco o seis los ex gobernadores los que en un hecho sin precedentes en la historia de nuestro país están siendo perseguidos por las autoridades judiciales por diferentes razones, situación que en suerte enfrenta el Presidente Enrique Peña Nieto, del que hasta ahora no ha trascendido que haya metido las manos al fuego por ninguno de ellos.
Del grupo de los gobernadores envueltos en problemas hasta ahora la mayoría de ellos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) siempre hemos creído que a querer o no esto se habrá de reflejar en los procesos electorales del 2017 y 2018, lo que le viene a allanar el camino al PAN y MORENA, que son los que han estado creciendo en los últimos diez años.
Por cierto el día de ayer jueves el Secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, patentizó al Presidente de México, Enrique Peña Nieto, el compromiso de las Fuerzas Armadas con la nación “ante cualquier eventualidad” y de paso puso en claro que su lealtad siempre será a la Constitución, a los mexicanos y a las instituciones nacionales, bien.
“Ante escenarios complejos las Fuerzas Armadas seguirán siendo y dando prueba de que son un sólido soporte para la viabilidad del país”, dijo el Jefe Militar en el marco de la Ceremonia por el CIV Aniversario de la Marcha de la Lealtad, que encabezó el Presidente Enrique Peña Nieto.
Cienfuegos llamó a cerrar filas en torno el Presidente de la República respondiendo al llamado que hizo el pasado 30 de enero al señalar que “la unidad nacional debe ser la piedra angular de nuestra estrategia y acciones hacia adentro del país y hacia el exterior y nos debe dar aliento para trabajar con más energía”.
Luego remarcó que los soldados de tierra, mar y aire acatan las instrucciones que port mandato constitucional corresponden –como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas– al Presidente ordenar “y a nosotros nos toca cumplir”.
Al evento se llevó a cabo en el Patio Principal del Castillo de Chapultepec asistió el Presidente Enrique Peña Nieto acompañado de los integrantes de su gabinete.
Según nuestras antenas frente a las acciones hostiles del gobierno de Estados Unidos senadores del PRI, PAN y PRD, han convocado ya a organizaciones civiles, lo mismo que a todos los ciudadanos, a conformar el próximo 17 de febrero, viernes por cierto, “un muro humano” en las ciudades fronterizas de Tijuana, Baja California, Ciudad Juárez, Chihuahua, Nogales y Sonora, movilización que llevará por nombre “Operación Monarca”.
Uno de los senadores del PRD, Armando Ríos Piter, dijo que lo que se pretende con ello es demostrar a la nueva Administración de Estados Unidos que México y la relación que tiene con los estadounidenses es potente, fuerte y sólida, dijo.Luego añadió que en “la valla humana” van a participar el gobernador de Chihuahua Javier Corral y el ex candidato presidencial Cuauthémoc Cárdenas Solórzano.
El también senador del PAN, Ernesto Ruffo Appel, dijo que también buscan que se conforme en una estrategia que defienda el canciller Luis Videgaray, pero también que México sea congruente con otros migrantes que vienen de otros países, como es el caso de los haitianos que están anclado en Baja California.
Nos están reportando nuestras antenas que durante la visita del canciller mexicano Luis Videgaray a Washington, no le fue del todo bien , ya que el Departamento de Estado de Estados Unidos le dio a la visita un bajísimo nivel al grado de que no hubo fotos de la reunión que tuvo con el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Rex Tillerson
El vocero interino del Departamento de Estado, Mark Toner, solo dió unas líneas sobre los temas que abordaron el miércoles : “tuviéron una conversación constructiva sobre temas de colaboración Estados Unidos-México que incluyéron procuración de justicia, migración y seguridad y acordaron que el Secretario Tillerson visitará la Ciudad de México, sin precisar fecha.
Como que se percataron las autoridades de Nuevo Laredo del riesgo que presentan los alrededor de 480 cubanos que están anclados en esa valiente y pujante ciuidad fronteriza, como lo marcamos días atrás en La@Red, y al parecer el director del Instituto del Migrante, José Carmona Flores, ya se avocó al caso ya que de pronto se percató que a más de 300 de los cubanos que están aposentados en la Plaza Juárez ya se les venció el permiso para permanecer en el país, por lo que pueden ser deportados en cualquier momento. No todas las decisiones son fáciles, lo sabemos, pero llegado el caso se tienen que tomar.
El Congreso del Estado ya le tomó la protesta a Jorge Espino Ascanio como nuevo Auditor Superior del Estado, el que fuera designado para el cargo con 30 votos a su favor y solamente seis en contra, hasta aquí todo estaba muy bien.
Pero, pero, pero, de pronto salió a relucir que la mayoría de los diputados del PRI votaron en contra de la designación de Espino Ascanio, en razón de que no se acreditó documentalmente el cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales, “particulamente el de su experiencia”, dijo el coordinador de la bancada del tricolor, diputado Alejandro Etienne Llano. Pero en lo personal creemos que el palo ya esta dado.
Nos da risa el Secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, ya que con carga de what dio a conocer que la repatriación de mexicanos procedentes de Estados Unidos no ha aumentado en los 15 días que tiene Donald Trump como presidente de Estados Unidos.
Desde nuestro muy personal punto de vista fuéron funcionarios del Gobierno Federal los que por su ignoracia o no sabemos con que fines crearon un clima de alarma sobre las tan cacaredadas “deportaciones masivas”, al grado que muchos de los alcaldes de la frontera casi, casi se pusiéron a temblar ya que se imaginaban que de la noche a la mañana iban a amancer en su muncipio los tres millones de ilegales de que tanto habló Donald Trump cuando andaba en campaña.
Pero hoy, hoy, hoy, ya como Presidente de Estados Unidos es otra cosa y prueba de ello es que un juez vetó la orden ejecutiva que firmó para impedir el acceso a visitantes de seis o siete países, lo que el mismo Donald Trump todavía no acaba de asimilar.
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