Estado

Vulgares delincuentes electorales panistas a disposición de la PGR

Tintero

Por Francisco Pucheta González

Los pescaron infraganti cuando compraban votos a favor de Laura Carlos Germán de Anda Hernández , secretario de Obras y Servicios Públicos Municipales hasta el domingo 7 de junio y principal operador político del alcalde Carlos Canturosas, pasa de funcionario a delincuente electoral luego de ser detenido por agentes de la Policía Federal al sorprenderlo con una lista de personas y dinero en efectivo para inducir el voto a favor de la candidata del Partido Acción Nacional, Laura Zárate.

De Anda quedó ayer mismo a disposición de la Procuraduría General de la República donde rinde sus declaraciones ante la Fiscalía Especializada para Asuntos Electorales. Se asegura que la regidora Mónica Salinas también fue detenida en flagrancia.

Por su parte el Partido Revolucionario Institucional a través de su presidente del comité directivo municipal Jesús Alejandro Valdez Zermeño y la representante general de la candidata independiente, María Estela Chavira presentaron ayer mismo sendas denuncias contra los infractores de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, ante la propia PGR.

Valdez Zermeño mencionó que se apersonaron ante la instancia federal luego de enterarse de la detención de dos funcionarios municipales cuando estaban coaccionando el voto por dinero en una casa de seguridad, en la zona del poniente. ´´Al ser elementos de la PGR los que ejecutaron la acción nosotros decidimos interponer la denuncia correspondiente al igual que lo ha hecho la representación de la candidata independiente´´, dijo.

Este tipo de acciones afectan el proceso democrático al que hemos convocado así como al llamado para que las elecciones se lleven en un marco de civilidad y respeto de la voluntad ciudadana. Con los hechos conocidos se rompe el principio de equidad, además de ser un delito federal tal como lo marca la ley, destacó.

Al momento de sus declaraciones Valdez Zermeño indicó que su partido había recibido informes de dos detenciones, la de Carlos Germán de Anda y la regidora Mónica Salinas.

Ambos estaban en una casa con listas de personas y dinero para coaccionar al voto, agregó.

A su vez, María Estela Chavira, representante general de la candidata independiente Diana Chavira acudió a la representación local de la PGR también para denunciar los hechos. Destacó que recibieron informes poco después de medio día en el sentido de que un grupo de funcionarios del Ayuntamiento andaba en varias colonias del centro y el poniente de la ciudad coaccionando el voto.

Entre ellos identificaron a los regidores Hugo Galindo, Ireri Calderón, Jorge Pérez Santos, De Anda Hernández. Además los propios colonos hicieron del conocimiento de Chavira Martínez que otros integrantes del cabildo de Carlos Canturosas Villarreal, se desplazaban con las mismas intenciones en las casillas electorales del poniente y los kilómetros. Para impedir que el mapachismo electoral hiciera de las suyas, el PRI y la candidata independiente adiestraron a jóvenes activistas que salieron a las calles en calidad de observadores del proceso electoral y asimismo denunciar las anomalías detectadas. Fue así como se dio con la casa ubicada en privada ´´D´´ de la colonia Nueva Era donde las personas entraban y salían.

Ahí los vecinos y nosotros también descubrimos que estaban ejerciendo la compra de votos, pero para su mala suerte llegaron los agentes de la PGR en los momentos en que promovían el voto a favor de Laura Zárate, a cambio de dinero, comida y algunos otros servicios por parte del municipio.

Chavira mencionó que el acarreo de gente era continuo, que parecía carrousel, mediante el uso de vehículos oficiales y particulares. Por ello piden la destitución de los funcionarios y del propio presidente municipal Carlos Canturosas Villarreal por el derroche de recursos públicos y atropello a la democracia.

Por otra parte, la Ley General en Materia de Delitos Electorales contempla en su Artículo 11 sanción de doscientos a cuatrocientos días de multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que coacciones, induzca o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición.

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