PATRICIA DÁVILA
MÉXICO, D.F. (apro).- Noemí Berumen Rodríguez es acusada por la Procuraduría General de la República (PGR) del delito de encubrimiento al prestar auxilio al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velásquez, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, señalados como los responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre.
En conferencia de prensa –sin dar pormenores sobre la indagatoria realizada al matrimonio Abarca-Pineda y a la misma Berumen Rodríguez–, el procurador Jesús Murillo Karam se limitó a describir la detención.
El funcionario indicó que se llevó a cabo a las 2:30 horas de este martes, en un operativo simultáneo con el instrumentado por la Policía Federal para capturar al matrimonio en la delegación Iztapalapa en la Ciudad de México.
Agregó que la razón por la que se empezó a sospechar de Berumen Rodríguez fue que –sin motivo aparente– parecía entrar a una casa abandonada, ubicada en el número 27 de la calle Jalisco, en la colonia Santa María Aztahuacán.
Monte Alejandro Rubido García, comisionado nacional de Seguridad, indicó que la ubicación de José Luis Abarca comenzó a partir de que solicitó licencia a la presidencia municipal de Iguala.
En ese momento inició la investigación de los distintos bienes inmuebles a nombre de él, de su esposa y la familia en Guerrero y otras entidades del país.
Con base en las indagatorias, las autoridades precisaron que las dos plazas donde existía mayor posibilidad de encontrar a los ahora detenidos eran Monterrey, Nuevo León y la Ciudad de México.
Esta información se complementó con un diagrama de vínculos de familiares, amigos y socios para establecer una lista de aproximación a los objetivos.
En esa lógica, explicó el funcionario, se montaron discretas vigilancias y seguimiento a las personas que entraban y salían de los domicilios de los inmuebles identificados. Así comenzó a cobrar relevancia el nombre de Noemí Berumen Rodríguez y se montó un operativo para vigilarla.
La investigación remitió a las autoridades a tres domicilios ubicados en la delegación de Iztapalapa, al oriente del Distrito Federal.
Con un operativo puntual de vigilancia se establecieron tres grupos de trabajo, cada uno integrado por 20 elementos de la Policía Federal y agentes del Ministerio Público. Con esa vigilancia se lograron las tres detenciones la madrugada de este martes.
Luego de su aprehensión, José Luis Abarca Velásquez y María de los Ángeles Pineda Villa fueron llevados a la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada de la PGR (SEIDO), donde continuaban rindiendo su declaración ante el agente del Ministerio Público Federación, hasta el cierre de esta edición.
De acuerdo con la PGR, Abarca y Pineda son los operadores en Iguala del grupo delictivo Guerreros Unidos, al que presuntamente fueron entregados los estudiantes a manos de agentes de policía municipal de Cocula.
Los que faltan
Felipe Flores, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno municipal de Abarca, también es señalado como autor intelectual del ataque y posterior desaparición de los jóvenes normalistas. Actualmente se encuentra prófugo.
Según la PGR, entre los personajes claves que faltan por detener en el caso, está El Cabo Gil, quien supuestamente dio la orden de “levantar” a los estudiantes.
El pasado 31 de octubre, El Gil –señalado por el gobierno federal como lugarteniente del líder del grupo delictivo Guerreros Unidos–, retó a las autoridades federales y al presidente Enrique Peña Nieto, al asegurar que los estudiantes están vivos.
En un mensaje difundido en una lona, aseguró estar dispuesto a entregarse a las autoridades luego de que el gobierno federal detenga a 80% de la estructura principal de esta banda criminal conformada presuntamente por alcaldes de la zona norte de Guerrero y el sur de Morelos, así como por Federico Figueroa, el hermano del cantautor Joan Sebastian.
El mensaje dirigido a Peña Nieto, aseguró que de nada sirve la detención de Sidronio Casarrubias Salgado, porque la mayoría de los operadores del grupo Guerreros Unidos siguen libres.
El Gil pidió actuar contra los alcaldes y directores de Seguridad Pública de los municipios de Taxco de Alarcón, Huitzuco, Tepecoacuilco, Apaxtla, Teloloapan y Cocula.
También exigió ejercer acción penal en contra un capitán y un teniente del 27 Batallón de Infantería –identificados sólo como “Barbosa” y “Crespo”–, y contra Federico Figueroa, actual delegado de la Sedatu en la entidad, Héctor Vicario, y al resto de los hermanos del capo fundador de la organización, Mario Casarrubias y a los miembros de Los Peques o Los Tilos, identificados como uno de los brazos armados de la banda delincuencial.
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