JUAN CARLOS CRUZ VARGAS
MÉXICO, D.F. (apro).- La tensión social que se vive en el estado de Guerrero, a partir de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, provocó que la cúpula empresarial exigiera al gobierno de Enrique Peña Nieto actuar “con mano firme” y “respetando las garantías de los afectados”.
Al reunirse con Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación (Segob), Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dejó a un lado el optimismo provocado por la recién implementación de las reformas estructurales y lanzó el reproche al gobierno por los niveles elevados de violencia que vive el país, además de exigir la entrada de las fuerzas armadas.
En el encuentro también estuvieron prominentes magnates como Miguel Alemán, de Interjet; Daniel Servitje, de Bimbo, y Víctor Gavito, de Alpura, quienes unieron sus exigencias ante Osorio Chong.
Gutiérrez Candiani explicó que los empresarios solicitaron al titular de la Segob que las autoridades actúen de manera firme y respetando las garantías, “sobre todo en Guerrero, en donde 3.5 millones de personas han sido afectados en sus labores cotidianas por la toma de carreteras y secuestros de personas, entre otros ilícitos”.
Y es que en las últimas semanas la entidad federativa que fuera gobernada por Ángel Aguirre Rivero ha estado al borde del caos, ante los nulos resultados de las investigaciones relacionadas con los jóvenes desaparecidos.
Entre las acciones de protesta que han ido escalando destacan bloqueos en carreteras federales, destrucción de oficinas gubernamentales, incluyendo el Congreso local, toma de autobuses y combustibles, cierre de comercios y tiendas departamentales.
De hecho, el líder empresarial aseguró que en la entidad han sido secuestrados unos 246 choferes y 42 autobuses de pasajeros.
“Son tres y medio millones de personas que se están viendo afectadas, que es la población de Guerrero, en la parte turística, la parte social y de generación de empleos. Afectaciones como toma de carreteras, con empresas, con secuestros de personas, una serie de cuestiones que le pedimos que el gobierno de la República y el gobierno del estado deben tomar cartas en el asunto, que no puede seguir así”.
Por su parte, Osorio Chong atinó a decir que “nosotros hemos venido actuando, desde la Federación, en apoyo al estado de Guerrero, y por supuesto que también estamos pidiendo al estado de Guerrero que cumpla con su responsabilidad. Nosotros hemos venido haciendo todo el apoyo para la seguridad, estamos en 17 municipios, estamos cuidando la seguridad en Acapulco y en Chilpancingo (pero) creemos que también el gobierno del estado tiene que hacer lo que le corresponde”.
No obstante, expuso a la cúpula privada que no son los padres de los normalistas desparecidos los que llaman a la violencia, sino otros grupos.
“Hay grupos que están actuando y diciendo que es en apoyo a los padres de familia y están generando disturbios, pero yo diría que nunca he escuchado a un padre de familia expresar que eso están pidiendo o convocando. Los padres de familia y todos queremos encontrar a los jóvenes, queremos saber la verdad y queremos que se castigue a quienes cometieron estos delitos, y no están llamando ni a la violencia ni a este tipo de acciones que lastiman a la sociedad”, consideró.
“Blindar” el Buen Fin
El empresario Vicente Yañez dijo que “pedimos respetuosamente el apoyo del gobierno federal y de la Secretaría de Gobernación para hacer valer el estado de derecho durante el Buen Fin, garantizar la seguridad de los establecimientos, clientes y empleados en este periodo de ventas de descuento que pretende reactivar la economía mexicana”.
La exigencia de la CCE se enmarca en una economía que avanza a paso muy lento y que pese a la aprobación de las reformas estructurales, corre el riesgo de estancarse aún más ante los problemas sociales y la violencia que ahuyentan las inversiones extranjeras y nacionales, según especialistas que trabajan para Bank of America Merryl Linch, o el mismo Banco de México, que reconoció que la tragedia ocurrida en Iguala tendrá un efecto adverso en la economía nacional.
