– La aplicación de las leyes que sustentan la reforma constitucional del sistema educativo se aplica al cien por ciento a partir del 15 de enero, sin flexibilidad de ningún tipo, según lo hizo saber la subsecretaria de Educación básica, Alba Martínez Olivé. Así mismo se refirió a la implementación legislativa como «recuperación de la rectoría del Estado», en la que destaca recortes drásticos de beneficios a maestros.
La indicación de forma directa y a través del video aquí mostrado, la recibieron supervisores de zona, directores y maestros de base, así como el personal de apoyo de todas las instituciones educativas de Jalisco en la última reunión de Consejos Técnicos Consultivos de cada zona escolar.
En la grabación que tiene una duración de 57 minutos, la maestra Alba Martínez Olivé, Subsecretaria de Educación Básica a nivel nacional, se dirige a todos los trabajadores de la Educación para informar sobre el punto de vista oficial sobre las reformas llevadas a cabo destacando que uno de los objetivos principales fue el que el Estado recuperara la rectoría de educación en la nación, pero sin decir de manos de quién, para restablecer el orden en este sector.
De forma peyorativa, señaló que las reformas pasadas fueron «como echar vino nuevo en odres viejos, que no dieron resultados a la vista de la sociedad, que las escuelas dispersas y agobiadas servían para todo menos para educar a los niños», pero sin hacer referencia a los enfoques que en aquellos años en que se implementaron aquellas reformas, el enfoque de las políticas públicas de los gobiernos priístas así se lo exigieron a los profesores que tenían que hacerla dentro de sus comunidades: de maestros, promotores sociales, gestores de programas de desarrollo, asesores de comisariados ejidales y Delegados municipales, alfabetizadores, paramédicos y hasta consejeros matrimoniales.
Argumentó que de forma paralela se dio una “desprofesionalización” de los maestros y apuntó que a eso se deben los deficientes niveles de aprovechamiento escolar.
El largo discurso hizo referencia a lo inútil que resultó la «Carrera Magisterial» y calificó los procedimientos establecidos por las comisiones mixtas en general para las promociones y estímulos a maestros como de “usos y costumbres” , desvalorando su vigencia legal por no estar sometidos a una legislación que fuera sancionada por algún tribunal.
Como consecuencia de la “recuperación” de la rectoría del Estado sobre materia de educación, queda bien establecido que a partir del 15 de enero se terminan todos los procedimientos anteriores y se aplicará íntegramente lo establecido por la nueva legislación. Desaparecen de facto los permisos económicos con goce de sueldo, el derecho a acudir a servicios médicos cuando así lo requiriera el trabajador. Ahora deberá acudir fuera del horario de trabajo y las incapacidades laborales serán en caso extremo avaladas por el médico que preste el servicio.
Tanto la permanencia en el trabajo en el aula como las promociones a cargos administrativos superiores se darán en base a “idoneidad”, perfil que será determinado por quienes integren la Comisión del Servicio Profesional Docente, organismo que tendrá a su cargo también la evaluación del desempeño docente.
Para algunos profesores, supervisores e incluso el jefe de Sector, Ricardo Solorio, esta disposición tiene un enfoque inquisitorial, punitivo en contra de los trabajadores de la educación. Hace resaltar un propósito personalizado del desempeño docente, limita la interacción y antepone la calidad por encima de cualquier otra cualidad del aprovechamiento en la enseñanza.
Finalmente, los integrantes de las organizaciones magisteriales de la entidad ven con preocupación la imposición de todos estos criterios. Se teme por la pérdida definitiva de todos los derechos y conquistas del pasado pero aún persisten en su lucha, con la esperanza que la Ley Estatal de Educación que está pendiente de ser promulgada, pueda reconocer y respeta algunos de los derechos más importantes.
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