Por: GLORIA LETICIA DÍAZ
MÉXICO, D.F. (apro).- Una veintena de organizaciones sociales exigieron hoy a los gobiernos federal y del estado de Chiapas atender los casos de violencia sexual perpetrados por profesores de escuelas públicas contra al menos 30 estudiantes y que permanecen impunes desde 2010 a la fecha.
En un comunicado, las asociaciones agrupadas en la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) refirieron que las agresiones sexuales se perpetraron en escuelas ubicadas en los municipios de Arriaga, Palenque, Tila, San Cristóbal de las Casas, Venustiano Carranza, Las Margaritas y Chanal.
Las organizaciones que han dado seguimiento a las denuncias presentadas por las víctimas aseguran que “las autoridades educativas fomentan la impunidad, desacreditan los testimonios de las víctimas y actúan en complicidad con los agresores encubriéndolos o removiéndolos a otro plantel lo que coloca a más niñas, niños y adolescentes en riesgo”.
Además, han detectado que las niñas y adolescentes agredidas tienen temor a que no se les crea, debido a que albergan “sentimiento de culpa y vergüenza, miedo a las amenazas de los docentes agresores contra su integridad y seguridad, y porque no confían en el sistema de procuración de justicia”.
Tras señalar que el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Suárez y el Congreso local, se adhirieron a la iniciativa “10 x la Infancia”, impulsada por la REDIM y UNICEF, y que es un compromiso de autoridades para proteger a la infancia sobre todo en temas de violencia en la familia, la escuela y la comunidad, las organizaciones defensoras de la niñez manifestaron su preocupación por haber detectado en ese estado que en materia de abuso sexual “la situación es grave y se está multiplicando”.
Si bien no existen estadísticas oficiales sobre el problema, los denunciantes recordaron que a partir de 2015 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) incrementó la recepción de quejas contra la Secretaría de Educación Pública (SEP) y “documentó omisiones y dilaciones por parte de las autoridades educativas ante casos de acoso y abuso sexual en contra de alumnas y alumnos de escuelas de educación básica, especial y media superior”.
A esas quejas, siguieron recomendaciones del organismo a la SEP para implementar “medidas rigurosas para evitar que aquellos miembros del personal escolar que ya han estado involucrados en queja de abuso y/o acoso sexual vuelvan a cometer una ofensa de este tipo”.
Las recomendaciones, advirtieron las organizaciones, no han sido acatadas, por lo que denunciaron que “el común denominador sigue siendo la impunidad, pues en ninguno de los casos se ha sancionado administrativa ni penalmente a los responsables; los agresores sólo fueron suspendidos temporalmente o reubicados en otra institución educativa”.
Ante ello, los defensores denunciaron “la impunidad y complicidad con la que obran las autoridades tanto educativas como de procuración de justicia que lejos de proteger y garantizar el interés superior de las niñas y adolescente, defienden y encubren a los maestros agresores, poniendo en riesgo la integridad física y psicológica no sólo de las agredidas sino de otras niñas, niños y adolescentes de la comunidad”.
En el comunicado las organizaciones hacen un recuento de cinco casos denunciados en marzo de este año. Con los nombres de los maestros agresores y las autoridades que los han encubierto, así como otros dos más ocurridos entre 2010 y 2012.
En Palenque el profesor Julio César Ocaña abusó de una adolescente de 15 años, estudiante de la Escuela Secundaria Técnica Núm. 10, hechos que fueron denunciados ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer y la Familia; el secretario de Educación del estado, Ricardo Aguilar Gordillo y la visitadora adjunta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Karla Érika Valdenegro.
Los familiares de la adolescente acusaron al director de la secundaria, Enrique Vidal Balam Cu, y al supervisor de la zona escolar 09, José Dolores Galindez Burgos, de “omisión, complicidad e impunidad ya que no han actuado pese a tener conocimiento de todos los actos que han acontecido dentro de esta y otras escuelas de la zona escolar, donde hay denuncias desde 2010 sobre casos reiterados de abuso sexual, acoso, corrupción, amenazas, pago de cuotas y personal ebrio”.
Las organizaciones recibieron la denuncia de que una niña de siete años de edad inscrita en el segundo grado de la escuela primaria Héroe de Nacozari de San Cristóbal de las Casas, fue abusada sexualmente por el profesor Luis Olivares Franco, quien varios meses después de la queja, simplemente fue removido a otra escuela de la ciudad.
En Tila, el Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas, Digna Ochoa, reportaron una queja contra José Antonio Aguilera Morales, profesor de la escuela Telesecundaria 233 Juan Sabines Gutiérrez, responsable de abusar de dos adolescentes de 13 y 16 años, una de ellas severamente afectada que tuvo que darse de baja un año, y al regresar volvió a ser acosada por el profesor. Los familiares denunciaron un caso más de una jovencita de 13 años a la que “el profesor le pidió expresamente tener relaciones sexuales”. Pese a las denuncias, “el maestro agresor continúa laborando en la supervisión escolar en la ciudad de Yajalón”.
Defensores conocieron denuncias de padres y madres de familia contra el profesor Juan Esteban Marcial Villalobos. De la escuela primaria Ignacio Zaragoza de la ciudad de Arriaga, por haber abusado sexualmente de seis niñas. Las menores “están siendo amenazadas constantemente por el profesor para que se desistan de la acción penal”, mientras que la supervisora de la zona escolar 082, Juana González López también ha intimidad o a las familias “con impediré que sus hijas e hijos sigan estudiando y suspender las labores educativas en esta escuela en caso de divulgar públicamente el caso”.
En Las Margaritas, familiares y habitantes del ejido Nuevo San Juan Chamula denunciaron que el profesor Esteban Fidel Román, de la escuela primaria bilingüe Ignacio Zaragoza, abusó sexualmente de adolescentes de entre 15 y 20 años, hechos por los que se encuentra preso en el penal de El Amate.
Previo a este boom de denuncias en 2014, entre 2010 y 2012 ya se habían presentado quejas en Venustiano Carranza, contra los profesores Julio César Montes de Oca Constantin, quien abusó de una niña de 15 años que quedó embarazada, y contra el profesor Felipe Camacho, quien agredió sexualmente de una adolescente de 14 años. Ambos laboraban en la escuela primaria Benito Juárez García, el primero de ellos fue absuelto mientras que el segundo está prófugo.
En 2011, en Chanal, se denunció al profesor y agente auxiliar municipal Martín Entzin López, por abusar de dos niñas, dejando a una de ellas embarazada, en tanto que en la averiguación previa hay constancia de que el acusado “ha cometido el delito de trata de personas en contra de otras cinco niñas”.
Ante la gravedad de los hechos, las organizaciones denunciantes exigieron “atención y justicia inmediata, el derecho al debido proceso, y la integridad física y psicológica de todas las niñas y adolescente víctimas de violencia sexual en el estado de Chiapas”, así como investigaciones prontas e imparciales y sanciones a todos los responsables, tanto por las agresiones como las omisiones y complicidades.
Al solicitar que se realicen las adecuaciones procesales para evitar la revictimización, las organizaciones demandaron “un sistema de protección de los derechos de la infancia a efecto de prevenir la repetición de nuevos actos de violencia sexual”.
Exigieron a la Secretaría de Educación Pública tomar las medidas conducentes para “sancionar y destituir, a las y los maestros agresores que aprovechando su posición de poder frente a las niñas, niños y adolescentes ejercen violencia sexual en su contra”.
Al gobierno de Manuel Velasco, demandaron la creación de un “Programa Estatal de prevención y atención de la violencia sexual, en armonía con un Sistema Nacional de Garantía de los Derechos de la Infancia y Adolescencia, cuyo diseño y evaluación incorpore la interlocución con niñas, niños y adolescentes”.
