Por: Redacción / Sinembargo – julio 9 de 2014
El 2 de julio pasado, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que en Tamaulipas hay ya “resultados favorables” en la reducción del delito, esto al cumplirse 50 días de la puesta en marcha de la estrategia de seguridad federal en esa entidad.
Pero el lunes pasado, el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) afirmó que las declaraciones del funcionario no se acercan a la verdad, pues de acuerdo con las propias cifras del gobierno federal, emitidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) en su corte al 18 de junio pasado, en Tamaulipas crecieron –entre abril y mayo– cinco de los ocho delitos de alto impacto (homicidio doloso, extorsión, robo con violencia, robo de vehículo y robo a vivienda), mientras que el homicidio culposo no tuvo variaciones.
“Los casos de Michoacán y Tamaulipas ponen una vez más en evidencia que las declaraciones de la autoridad no corresponden a la realidad que reflejan los números oficiales reportados, aun cuando la propia autoridad determinó que los números oficiales sobre incidencia delictiva serían los publicados por el SESNSP”, expuso la Organización No Gubernamental (ONG).
La indefensión ciudadana en Tamaulipas, han advertido otros grupos de la sociedad civil, ha provocado que este año hayan brotado diversas brigadas y grupos ciudadanos de autodefensa en diversas zonas de la entidad, aunque el Gobernador priista Egidio Torre Cantú ha rechazado tajantemente y en innumerables ocasiones que en su estado existan esas organizaciones. El discurso oficial, tanto de los gobiernos estatales como el del federal está completamente en línea y el objetivo es negar que el problema existe y, además, afirmar que se está solucionando, cuando la realidad, lo que los ciudadanos viven diariamente es completamente distinto.
Por ejemplo, ciudadanos en redes sociales y medios de comunicación han documentado la presencia de la Brigada Alberto Carreta Torres, que tiene como propósito combatir a Los Zetas. También lo han hecho políticos, como el Diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos García González, quien confirmó que los grupos de autodefensa están en territorio tamaulipeco; al menos son tres y defienden a los municipios de, Hidalgo, Mainero y Villagrán, expuso el legislador.
Ayer, además, el Global Post, un diario estadounidense en línea, reportó que células de cientos de civiles armados operan en Tamaulipas: “Son autodefensas organizadas por ciudadanos que se han levantado contra la inseguridad”. El diario cita a Jesús Manuel Guerrero Gamboa, Alcalde de Hidalgo, Tamaulipas, pero antes agricultor y víctima del secuestro a manos del crimen organizado. Guerrero Gamboa es públicamente partidario del grupo de autodefensa que existe en su propia comunidad, luego de que él mismo fue víctima de un secuestro.
De acuerdo con el Post, a casi tres años de su abducción, Guerrero, ahora Alcalde, dice que su pueblo se ha vuelto más seguro y los secuestradores tienen miedo de entrar, y lo cita:
«Este cambio no se debe a la policía sino a un grupo clandestino de autodefensa conocido como la Columna Pedro Méndez, bautizada así en honor a un general autóctono que luchó en el siglo XIX contra los franceses”. Las autodefensas en Tamaulipas, plantea ese medio de comunicación, son más sigilosas que las del sur; trabajan en células ocultas desde pueblos y ranchos: “Ocultan su identidad no sólo porque teman ser arrestados, sino también por escudarse de la venganza de los narcotraficantes”, expone.
El 29 de mayo, José Manuel Mireles Valverde, el líder de las autodefensas en la región de Tierra Caliente, Michoacán, ahora preso en un penal de Hermosillo, Sonora, comentó en la Ciudad de México: “No hay quien los ayude [en Tamaulipas] porque no tienen autodefensas y tiene guerras todos los días en sus calles entre criminales, entre policías que también son criminales, y el pueblo es el que está recibiendo todos los balazos”. Los ciudadanos tamaulipecos podrán responder, mejor que lo que hacen los gobiernos federal y estatal, si la afirmación de Mireles Valverde respecto a que es el pueblo el que recibe los balazos es verdadera.
La ciudadanía, afirman ONGs, es la gran víctima del descuido, la omisión, la apatía e incluso la corrupción de las autoridades que se han ligado al crimen organizado, al punto de perder todas sus facultades para frenarlo. Pero decir que hay avances, que no hay autodefensas y que esos grupos han sido desterrados son afirmaciones preocupantes, pues muestran a gobiernos que no escuchan, que no oyen y que no ven, de cara a un problema que lejos de aminorar se expande en la mayor parte del territorio nacional.
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