MÉXICO, D.F. (apro).- La Cámara de Diputados integró hoy un grupo especial que dará seguimiento a las investigaciones ministeriales del caso de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en donde hace cinco años perdieron la vida en un incendio 49 bebés y más de 50 resultaron con quemaduras de primero, segundo y tercer grados.
Hace un año, el entonces subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de República (PGR) y actual zar antisecuestros, Renato Sales Heredia, se comprometió a reabrir el caso, sin que hasta ahora se hayan fincado responsabilidades.
El 15 de julio del año pasado, a raíz de una denuncia presentada por el grupo Manos Unidas por Nuestros Niños, la PGR abrió una nueva línea de investigación con más de 50 diligencias sobre las pesquisas para esclarecer las causas del incendio de la Guardería ABC y que, según familiares de las víctimas, se derivó de un incendio provocado en una bodega del gobierno estatal ubicada al lado de la estancia infantil para destruir documentación.
En dicho inmueble se habrían resguardado documentos del Fideicomiso Sonora Proyecta, donde se manejaba una deuda de 10 mil millones de pesos, durante la administración de Eduardo Bours.
La PGR también atrajo el homicidio de Carlos López, el chofer que trabajaba para el secretario técnico de Sonora, Juan Carlos Lam Pérez, de quien se dice provocó el incendio.
Las pesquisas continúan y para darles seguimiento, diputados federales instalaron hoy –un año después del reinicio de la investigación– un grupo especial que ahora sí vigilará su curso.
El grupo de trabajo quedó integrado por los siguientes legisladores: Lourdes Quiñones, Cristina Ruiz, Francisco Cepeda y Sergio Chávez, del PRI; José Enrique Reina y Alejandra López; del PAN; Verónica Juárez y Lorenia Valles, del PRD; Judith Guerrero, del PVEM; Zuleyma Huidobro, de Movimiento Ciudadano; Magdalena Núñez, del PT, y Lucila Garfias, de Nueva Alianza.
La coordinación del grupo recaerá sobra la diputada perredista Verónica Juárez Piña, quien dirige la comisión de los Derechos de la Niñez en la Cámara Baja.
Tras instalarse como comisión, los diputados acordaron solicitar “de inmediato” audiencias con los titulares de la PGR, Jesús Murillo, y del IMSS, José Antonio González, así como con ministros de la Suprema Corte de Justicia, para “conocer el estado de las averiguaciones y procesos abiertos” en este caso.
Durante sus intervenciones, los legisladores coincidieron en subrayar la necesidad de atender la exigencia de justicia y aplicar, sin miramientos, castigo a los responsables.
Juárez Piña destacó que durante estos cinco años han estado igual número de procuradores quienes no han dado una solución a este caso que trascendió las fronteras de México. “Necesitamos ofrecer certidumbre a los familiares de las víctimas y que las autoridades determinen quiénes son los responsables”, urgió la perredista.
La próxima reunión de trabajo de la recién instalada comisión, será el próximo 20 de junio en la ciudad de Hermosillo, donde se reunirán con los padres de las víctimas de la tragedia ocurrida el 5 de junio de 2009.
Reaprehenden a exfuncionario
Uno de los exfuncionarios implicados en el caso, Roberto Copado Gutiérrez, exdirector de Protección Civil de Hermosillo, Sonora, quien aprobó en 2007 la última inspección al inmueble de la guardería, fue reaprehendido la noche del martes pasado por incumplir el pago de una fianza y fue trasladado al Cereso de esa ciudad.
Sin embargo, el abogado de padres de familia del grupo Manos Unidas, Gabriel Alvarado Serrano, consideró irrelevante la reaprehensión y sostuvo que debe realizarse acción penal en contra de las personas realmente implicadas en el caso.
La reaprehensión de Copado Gutiérrez, dijo, se da “en virtud de que la última fianza que le fuera requerida no alcanzó a proporcionarla.
“Pero debo expresar que no quisiera pensar que este es el tipo de acciones que emprende la PGR con motivo de la cercanía del aniversario” del incendio, arguyó.
Copado Gutiérrez quedó en libertad y fue absuelto en las primeras consignaciones, pero continuó con otros procesos relacionados con menores lesionados y al interponer amparos y no poder cumplir con la fianza de alrededor de un millón de pesos, fue reaprehendido, aunque podrá quedar libre al realizar el pago, explicó el abogado.
Respecto de la posible detención de Juan Carlos Lam Félix, exsecretario técnico del gobierno de Bours Castelo, el litigante refirió que ya existe suspensión de amparo y su detención depende de la PGR.
“Hemos logrado por nuestra parte el pleno esclarecimiento del caso, lo único que necesitamos es que lo revele como tal la propia procuraduría”, consideró.
Este jueves, al cumplirse cinco años de la tragedia, padres de las víctimas acudirán al sitio donde se ubicaba la estancia infantil para manifestarse y dedicar oraciones a sus hijos.
Mientras que en la Ciudad de México se realizará una manifestación a partir de las 16:00 horas que comenzará en el Ángel de la Independencia y se pretende que culmine en la Plaza de la Constitución, donde se proyectará un documental sobre el caso.
