Memorándum, de Jaime F. Pérez Uscanga…
La designación de un coordinador de seguridad para la zona metropolitana del sur de Tamaulipas (Tampico, Madero y Altamira), es tan sólo en primero de los muchos pasos a seguir en las estrategias que el gobierno federal estará desplegando en la entidad en el camino al establecimiento de un “estado policiaco”, luego de que, en breve, se habrá de designar a otros diez coordinadores regionales quienes en conjunto se encargarán de las operaciones policiacas en los 43 municipios de la entidad, misma que, de acuerdo a declaraciones hechas por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quedará dividida en tres zonas: Norte, Centro y Sur.
Ese establecimiento de un “Estado policiaco” en el territorio tamaulipeco, más allá de sus alcances estratégicos en cuanto a la prevención y combate a las bandas criminales, abre una vez más la puerta a la posible determinación de coronar la estructura con la designación de un coordinador general o comisionado federal de seguridad, quien de facto, tal y como sucede en Michoacán, tomaría el control de todas las riendas que debieran estar en manos del gobernador constitucional.
Los hechos, no cabe ni la menor duda, rebasaron ya totalmente las capacidades del gobernador. Tanto que, como se sabe, hasta las estructuras internas de primer nivel están penetradas y controladas por el crimen organizado. Ahí están los hechos de la emboscada del jefe de inteligencia de la Secretaría de Seguridad en el que directamente participaron elelentos de la nueva Policía Estatal Acreditable, así como el no menos grave hecho de la fulminante y sorpresiva destitución del jefe de seguridad del gobernador y su familia, ocurrida en la primera hora de ayer, luego de que se filtraran rumores de un presunto atentado sufrido el miércoles por la primera dama del estado, Pilar González de Torre, mientras se dirigía de la Casa de Gobierno al aeropuerto de la capital.
Del establecimiento del estado policiaco a la determinación de reconocer, al menos de facto (como en Michoacán), la condición de “estado fallido”, queda tan solo un paso.
Paso que podría definirse si, tal y como todo apunta, la situación política-electoral persiste en su ruta al fracaso. Para muestra de esa situación, baste tan solo con observar la penosa condición en que se encuentra, por citar tan solo a uno de los 43 casos, el comité municipal del PRI en El Mante.
La ruta hacia la descomposición está ya definida. El tiempo y los hechos son, para el caso, los elementos que determinarán la celeridad con que se actúe.
Y ante tal condición, largamente anunciada por pocos observadores y ahora evidente para casi todos, lo único que queda por hacer es poner a salvo lo que se pueda, es decir, corresponderá a los líderes políticos de cada municipio, dar los golpes de timón que consideren necesarios a fin de poner a salvo al sistema.
¿Cómo? Asumiendo su liderazgo social y proponiendo las acciones que en lo político, consideren apropiadas para su territorio, como sería en este caso tomar el control del partido y subir a los escenarios de selección a quienes considere que poseen las mayores cualidades para vender su imagen al electorado en la próxima elección federal, apostando más en el perfil personal del candidato, que en las capacidades –reducidas hoy- de las estructuras gubernamentales y del partido.
Esa es la tendencia natural que marcan las líneas establecidas por los sucesos. Despreciarlas sería un error, como lo fue no haber tomado en serio las claras señales de advertencia que apuntaban a la situación descontrolada que hoy se vive en Tamaulipas.
