Acotados completamente en sus facultades ejecutivas por los coordinadoes enviados por Peña Nieto, los gobernadores de Tamaulipas y Michoacan se han convertido en la práctica en aviadoes que mantienen en la nómina con altos sueldos a esposa, hijos, cuñados, sobrinos, padres, guardias personales para ellos y sus familias, dotandolos de vehiculos blindados y gastos onerosos por un trabajo que ninguno de ellos devenga.
La estrategia del gobierno de Enrique Peña Nieto contra el narcotráfico, dos gobernadores han quedado, en los hechos, fuera de sus responsabilidades, aun cuando oficialmente cobran su salario y simulan seguir al frente del Poder Ejecutivo.
Fausto Vallejo Figueroa y Egidio Torre Cantú, en Michoacán y Tamaulipas respectivamente, han pasado de gobernadores a «aviadores», puesto que en realidad cobran sin trabajar y sólo aparecen como figuras simbólicas.
Primero en Michoacán, con la llegada del comisionado del gobierno federal Alfredo Castillo Cervantes, el mandato de Fausto Vallejo fue minimizado por completo, a grado tal que las decisiones cruciales son tomadas ahora por el comisionado y no tan sólo en materia de seguridad pública, sino en cada una de las demás áreas de la gobernabilidad.
La incapacidad de Vallejo para frenar la violencia en Michoacán y el involucramiento de funcionarios suyos de primer nivel con los grupos criminales -e incluso graves sospechas sobre su propio rol en tan delicado asunto- acabaron por hacerlo a un lado y nombrar, en la persona de Alfredo Castillo, un mandatario sustituto, aunque Vallejo sigue como gobernador constitucional del estado, cargo que nunca supo sacar adelante.
Conforme avanzan las acciones y se desdobla la estrategia de paz para Michoacán, la figura de Vallejo se desvanece y comienza a estar ausente en los eventos importantes, como el acto de nacimiento de la Fuerza Rural, un cuerpo de seguridad de antiguos autodefensas, donde Vallejo ni siquiera asomó la cabeza y, en cambio, el comisionado Castillo apareció en todos los medios como si fuera el hombre del momento.
En Tamaulipas ocurre lo mismo, aunque el formato del plan contra la criminalidad es diferente; la forma cambia, pero el fondo es igual: Hacer a un lado al gobernador, debido a su incapacidad para contener la violencia y su cobijo de la corrupción en las distintas estructuras gubernamentales.
Militares y marinos son quienes hoy se encargan de la toma de decisiones en Tamaulipas, luego que la entidad quedó dividida en cuatro zonas donde mandos militares dirigen las acciones de pacificar un estado donde sigue corriendo sangre de inocentes; un territorio muy codiciado por
Zetas y miembros del cártel del Golfo, quienes no han visto en el gobierno estatal, ni en éste ni en otros recientes, obstáculo alguno para cometer sus tropelías.
Torre Cantú, al igual que Vallejo Figueroa, tuvieron tiempo de sobra para poner un límite al embate criminal, pero han consumido su respectivo mandato en construir apariencias de progreso y, mientras tanto, el entorno violento es igual o peor que hace años.
En los hechos, ni Michoacán, y menos Tamaulipas, cuentan actualmente con gobernador constitucional del estado, lo cual es penoso y preocupante, porque quedan en entredicho los preceptos constitucionales y también bajo sospecha el avance y fortaleza de la democracia.
No faltarán voces que justifiquen las estrategias para uno y otro estado en aras de terminar con el convulsionado entorno, pero si México es realmente un país de leyes, precisamente en la Constitución debe basarse cualquier propósito encaminado a regresar la ansiada paz social, porque si a un gobernador se le quitan atribuciones para otorgarlas a otro, tiene que surgir entonces la figura de un interino, no de un comisionado y menos de jefes militares; eso parece ya la antesala de un estado de sitio.
Claro está que un mandatario incapaz no debe seguir en el cargo, pero entonces debe irse y no seguir en la simulación, porque en ese juego perverso y de apariencias, siempre la justicia se extravía y pierde su verdadero sentido.
