Apuntes: Jaime F. Pérez Uscanga
Ismael Quintanilla Acosta es, por si usted no lo sabe (me atrevo a anticipar que no, en la mayoría de los casos), el Procurador General de Justicia del estado de Tamaulipas. En consecuencia, la población no le atribuye responsabilidad alguna por la caótica situación que se vive en el estado en materia de seguridad e impartición de justicia. Pese a estar al frente del Poder Judicial, nadie se acuerda de él cada que hay algún enfrentamiento armado en las calles de cualquiera de los 43 municipios, o por los asaltos en las carreteras, los levantones, los secuestros, las extorciones y las espectaculares y muy frecuentes apariciones de cuerpos mutilados y mantas con amenazas y consignas.
La opinión pública hace responsable al gobernador, a Egidio Torre, no al Procurador General de Justicia. Él es, de acuerdo a los insospechados estilos egidiístas de “delegar” el poder, solo un nombre con el que se cubre un cargo, en un organigrama perfectamente organizado para no funcionar.
Pero el caso es que por la manera en que se dispararon los secuestros en los últimos meses, ya hay quienes empiezan a dirigir su mirada hacia Quintanilla Acosta.
La suya sería la primera cabeza que pudiera rodar cuando en México se empiece a analizar en forma el caso Tamaulipas, lo cual, se dice, podría ya estar sucediendo ahora mismo. Después de la suya, seguiría la del gobernador.
Y todo porque la situación en Tamaulipas está descontrolada y sin visos de que el problema pueda amainar. Al contrario, cada día más subsiste entre la población el temor de que en cualquier momento se generalice la guerra.
El caso Tamaulipas tiene varias lecturas que mantienen preocupados a los responsables de la política interna del país y a los jerarcas del PRI a nivel nacional. Si Michoacán provocó inquietud en Washington, ¿qué no provocaría Tamaulipas?
Si hace dos años, esta misma situación quebró todas las expectativas del PRI en la elección federal, ¿qué no podría esperarse para las elecciones (también federales, intermedias) de 2015 y las locales de 2016 en la que se elegirán al Gobernador, al los integrantes del congreso y a los 43 ayuntamientos?
¿Cuánto tiempo más podrá soportar una economía en franca recesión, una sociedad amenazada y aterrorizada, sin empleo, sin oportunidades y casi sin derechos?
Por dónde se le quiera abordar, el caso Tamaulipas es delicado. Por algo se multiplican cada día las voces que piden una intervención a fondo que, dicho en buen cristiano, significa la salida del gobernador en el menor de los casos y, como escenario deseable, la drástica desaparición de los poderes en la entidad.
Y por ahí, parece, vienen las cosas. Por eso que no le extrañe que un día de éstos, Ismael Quintanilla Acosta anuncie su renuncia voluntaria a su cargo de Procurador General de Justicia. Sería el principio del final para Egidio Torre Cantú de su muy peculiar “clase política”.
