Legisladores locales estarán atentos a la solventación de observaciones en el manejo de fondos federales del ejercicio 2012.
Con ausencias, tuvo ayer su segunda junta de trabajo la comisión de zonas metropolitana
CRISTINA GÓMEZ
13/03/2014 01:55 AM
Tampico: A raíz de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitó al órgano de fiscalización en el estado hacerse cargo del seguimiento a las observaciones que realizó a las cuentas públicas 2012 de cinco municipios, el Congreso Local pondrá bajo la lupa a los ex alcaldes con irregularidades.
Se trata de los ex presidentes municipales de Altamira, Matamoros, Reynosa, Tula y Nuevo Laredo, Pedro Carrillo Estrada, Alfonso Sánchez Garza, Everardo Villarreal Salinas, René Lara Cisneros y Benjamín Galván Gómez, respectivamente.
El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado (ASE), diputado Erasmo González Robledo, informó que este órgano se involucrará en el proceso de solventación de observaciones, trabajo que técnicamente estará a cargo del titular del ente fiscalizador, Miguel Salman Álvarez, bajo la supervisión del Congreso.
“Aunque se trata de cuentas públicas de fondos federales, esta intervención es en respuesta a diversos oficios enviados por la ASF a la ASE, por lo que habremos de estar atentos al desarrollo de las aclaraciones”, precisó.El legislador maderense, explicó que la ASF revisa manejos de fondos federales como el de Infraestructura Social Municipal, destinado al combate a la pobreza extrema y el Fortamun, que va encaminado a fortalecer las finanzas de los ayuntamientos.
Milenio Tamaulipas recientemente publicó que en la revisión del ejercicio 2012, siete cuentas públicas de seis municipios fueron auditadas y solo resultó limpio Jaime Turrubiates en Madero.
La ASF encontró presuntas irregularidades en el manejo de los programas federales por un monto de alrededor de 125 millones de pesos, de los que 75 millones corresponden a subejercicios y 50 millones a la suma de recursos devueltos y recursos por aclarar, derivados de desvíos y otras inconsistencias.
Erasmo González señaló que Altamira, cuya cuenta resultó con salvedad, tuvo que reintegrar 2.4 millones de pesos y Matamoros tendrá que justificar o devolver una cantidad similar.
Nuevo Laredo y Reynosa, también con dictamen de salvedad, tienen que aclarar cómo gastaron 3.3 millones y un millón de pesos respectivamente.
Tula es un caso delicado porque su cuenta pública fue negativa, ya que no ha sustentado la expedición de cheques por 9.8 millones de pesos, todo lo anterior dentro del Fondo de Infraestructura Social Municipal.
Pero Nuevo Laredo tiene otra cuenta pública más con salvedad y está obligado a aclarar la aplicación de 30.9 millones de pesos del Fortamun, fondo que debe ser destinado al pago de deuda, pago de derechos y aprovechamientos por concepto agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de los habitantes.
González Robledo enfatizó que aunque estos municipios excepto Tula, tienen sus cuentas públicas 2012 de los fondos estatales y municipales aprobadas por el Congreso local, no significa que no se puedan reabrir expedientes para investigar hechos concretos.“No se reabriría toda la cuenta pública sino alguna parte específica sobre la que se tuvieran dudas y a solicitud expresa por denuncia formal de presuntas irregularidades”, indicó.
Por lo pronto, dijo, se dará seguimiento a la solicitud de la Auditoría Superior de la Federación para atender la solventación de observaciones en las cuentas públicas federales de los citados municipios.
Refirió que en el caso de Altamira ya se reintegraron los recursos desde antes que emitiera su dictamen la ASF, sin embargo, se habrá de verificar que se cumplan las recomendaciones administrativas.
El diputado local, sostuvo que los actuales alcaldes juegan un rol importante porque ellos tendrán que participar en las aclaraciones del uso de recursos, pero en un momento dado y de comprobarse malos manejos, la responsabilidad recaería sobre sus antecesores.
En ese contexto, dijo, ellos tendrán que presentar pruebas de sus archivos, y en su caso, reponer de su presupuesto recursos no aclarados, teniendo la posibilidad de presentar denuncias ante la instancia correspondiente, por el perjuicio financiero.
Erasmo González añadió que la lupa está puesta especialmente en Tula, porque además de los 9.8 millones de pesos no sustentados a la ASF, a la auditoría estatal le entregó apenas en febrero de este año la cuenta pública del 2012.
“El objetivo es verificar que se cumplan los alcances de los fondos federales y se compruebe el uso de los recursos asignados, de acuerdo con las reglas de operación”, concluyó.
MES POLÉMICO
Febrero fue un mes polémico en el Congreso del Estado, ante la controversia por la negativa de la mayoría priista a aprobar un fondo estatal antidesastres y la derogación del impuesto sobre tenencia vehicular.
En el balance legislativo del pasado mes de febrero, se observa que los diputados locales tuvieron cuatro sesiones ordinarias y en éstas ingresaron diécinueve iniciativas.
El legislador más productivo fue Alfonso de León Perales, de Movimiento Ciudadano, quien presentó seis iniciativas, seguido por el grupo parlamentario del PRI, en alianza con el PVEM y Panal, con cuatro.
Por cuenta propia, Nueva Alianza presentó tres iniciativas, dos el PAN, y el resto fueron promovidas por la Junta de Coordinación Política, la Comisión de Estudios Legislativos, la Comisión Especial de la Juventud y el diputado Heriberto Ruiz Tijerina, con una cada uno.
