ZACATECAS, Zac. (apro).- La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación al alcalde de Guadalupe, Roberto Luévano, por la irregular actuación de elementos de la SSP durante la detención de un menor, quien en octubre pasado estuvo en los separos y posteriormente apareció muerto en una presa.
El organismo atendió una queja del padre del muchacho, quien denunció que éste fue detenido por policías municipales después de un altercado ocurrido en una tienda de conveniencia el 27 de octubre pasado.
En el incidente también fue arrestado un amigo del joven, sin embargo, fue liberado después de llamar a sus padres y que éstos cubrieran la multa correspondiente.
No obstante, el otro muchacho no regresó a su casa y hasta el día siguiente su amigo se comunicó con los padres, informándoles del altercado y la detención, por lo que los afectados acudieron a las oficinas de la SSP a pedir informes, creyendo que su hijo aún se encontraba en los separos.
Ahí les informaron que, según sus registros, el muchacho había salido cerca de la medianoche del 27 de octubre, luego de pagar 200 pesos de multa.
Pasaron varios días sin que los padres del menor pudieran encontrarlo, hasta que el 5 de noviembre su cuerpo fue hallado en la presa El Bordo, con rastros de haber sido lesionado con arma blanca.
Al continuar con las investigaciones, el ombudsman estatal detectó contradicciones entre los policías y la juez comunitaria sobre la situación del menor y la forma en que fue canalizado a las instalaciones de SSP.
En la queja se acreditó que se incurrió en insuficiente protección de personas, puesto que se le dio al menor el trato de persona adulta, con el argumento de que el muchacho dijo a la juez comunitaria que era mayor de 18 años, a pesar de que una certificación médica previa asentó que éste en realidad tenía 17.
“En ese caso la justicia comunitaria impone que cuando un presunto infractor es menor de edad, el juez comunitario deberá citar a quien lo custodie o tutele, y aplicará la medida correctiva que corresponda. Y pese a que se asegura que el menor agraviado traía consigo 200 pesos y los ofreció como pago, al no estar segura de su mayoría de edad, pues no se identificó, debió llamar a sus padres y, una vez ante su presencia, fijar en su caso la amonestación o multa correspondiente”, señala la recomendación 02/2014.
El organismo concluyó que se violentó el derecho a la seguridad del menor detenido, puesto que tampoco se le ingresó a una celda distinta a la de los adultos, por lo que notificó al alcalde Luévano y al contralor municipal para que se instaure un procedimiento administrativo de responsabilidad contra la juez calificadora y todos los elementos de policía, particularmente quienes participaron en el arresto de los dos menores.
También pidió al alcalde colocar cámaras de vigilancia en las instalaciones de la SSP, o se pongan en marcha si existen, con el fin de “que se tenga un mejor control de los detenidos y se resguarde la seguridad de los que ahí laboran”.
