Cuestión Pública
Por: luis lauro carrillo Soto
J. Manuel Míreles Líder de las autodefensas de Tecaltepec Mich.
Tamaulipas México.- Cuando el Estado está ausente, es incapaz de cumplir con su obligación de proporcionar seguridad a la vida y propiedades de los ciudadanos, es cuando surgen los grupos de autodefensa para «tratar de cumplir esa función que no les corresponde, porque es el Estado quien debería ejercerla.
Viene a cuento lo anterior por el emplazamiento que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hizo el pasado lunes a los integrantes de los grupos de autodefensa de Michoacán a dejar la seguridad de los ciudadanos en manos del Estado o, si lo consideran, a incorporarse a los “cuerpos policiales instituidos”.
Al efecto Osorio Chong, tras firmar con autoridades locales el acuerdo para el Apoyo Federal a la Seguridad de Michoacán, expresó: “A los grupos de autodefensa se les emplaza para que regresen a sus lugares de origen y se reincorporen a sus actividades cotidiana. La seguridad de sus comunidades estará plenamente a cargo de las instituciones».
Cabe hacer notar que este es el segundo acuerdo que firma el gobierno federal con las autoridades michoacanas ya que el 1º de agosto del 2013 se había firmado el acuerdo “Encuentro por Michoacán”.
Ahí el Secretario de gobernación dijo: “Vamos a ir municipio por municipio, comunidad por comunidad, a devolverles la paz, la estabilidad y el control a los michoacanos”, puntualizó Osorio en aquella ocasión, quien casi seis meses después, este lunes 13 admitió implícitamente el fracaso del gobierno federal.
En esas condiciones, en una severa crisis de violencia, sin la presencia aun de las autodefensas que desde esa fecha estas se multiplicaron, cuando era gobernador interino Jesús Reyna a quien los panistas lo han vinculado presuntamente con los Caballeros Templarios, ahora el secretario de Gobernación prometió lo mismo.
Por su parte el gobernador de Michoacán Fausto Vallejo expresó que en coordinación con las autoridades federales, prepara una acción “decidida y amplia” para recuperar la seguridad del estado, luego de que civiles armados tomaron este domingo la población de Nueva Italia, en las cercanías de Apatzingán.
En ese tenor parece que ahora la prioridad en Michoacán es erradicar las autodefensas antes que la delincuencia organizada.
Ahora bien, ante el clima de impunidad prevaleciente, tolerancia al delito o incapacidad para hacer cumplir la ley por parte de los tres órdenes de gobierno, grupos ciudadanos de Michoacán optaron por tomar la justicia en sus manos. Organizándose para evitar los embates de la delincuencia organizada.
En algunos casos estas autodefensas se hallan vinculadas a grupos de la delincuencia organizada, pero en muchos otros son producto de la desesperación ciudadana ante la inacción de las autoridades. De ahí que es muy importante que el gobierno cumpla su función para evitar que la sociedad se convierta en grupos paramilitares.
Por otro lado si bien es cierto que no se justifica que los grupos de autodefensas puedan hacerse justicia por su propia mano, también lo es que la población tiene derecho a defenderse cuando el gobierno no cumple con su función, dejando en manos de la sociedad la opción de auto protegerse en defensa de su vida y propiedades.
Sobra decir que los enfrentamientos entre los grupos de autodefensa y la delincuencia organizada son prácticamente cotidianos y han cobrado decenas de muertos.
Así pues, la actuación de las autodefensas para enfrentar a esos grupos armados, en el marco de violencia en Michoacán, ha evidenciado una falta de capacidad de las autoridades y la ausencia de una estrategia definida del gobierno mexicano para restaurar la paz en varios municipios de la entidad.
En el mismo orden de ideas el sector de análisis de la seguridad, señala la omisión del gobierno federal en el desmantelamiento de las redes de vinculación que supuestamente tienen los grupos delincuenciales con el poder político local, que de suyo les garantiza impunidad para sus actividades contra la sociedad michoacana y nacional.
En definitiva no existe voluntad política para frenar la violencia en Michoacán, la confrontación, las contradicciones, la ausencia de gobernabilidad y la falta de seguridad pública, con un gobernador que no ha contribuido para encontrar una solución política y jurídica para garantizar la seguridad de los michoacanos, de todo ello se podría afirmar que estamos ante la presencia de un estado fallido.
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