MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Cinco albañiles y dos conserjes que laboraban en la construcción de un aula en un kínder en el municipio mexiquense de Ixtapaluca fueron detenidos por abuso sexual contra ocho niños de entre tres y cinco años, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).
Los albañiles trabajaban en el jardín de niños “Estado de México”, ubicado en la unidad habitacional Jesús María, desde octubre pasado y supuestamente abusaban de los menores cuando éstos iban al baño, bajo la amenaza de que los matarían.
Los padres de los menores sospecharon del abuso al observar cambios de conducta en sus hijos y porque éstos ya no querían ir a la escuela.
Los albañiles y los conserjes fueron detenidos este martes 28 y los niños identificaron a Marcos Daniel Juárez Cruz como el principal agresor.
Los padres de familia indican que podría haber más víctimas, ya que los trabajadores construían el salón casi desde el inicio del ciclo escolar.
Acusan además a la directora del kínder de no haber tomado las medidas adecuadas para proteger a los niños, pues le informaron lo que había ocurrido.
Señalan que en la Agencia del Ministerio Público de Amecameca les rechazaron la denuncia porque “no se había consumado la violación”.
No obstante, una madre de familia presentó a su hija con lesiones. Esta mañana la Procuraduría haría los exámenes médicos a las víctimas para integrar la carpeta de investigación.
El Centro Regional de Atención Integral de la Fiscalía Regional de Amecameca hizo esperar a los padres de los niños por más de dos horas este miércoles para iniciar la denuncia.
La PGJEM dio a conocer que elementos de las policías Municipal y Estatal presentaron ante el Ministerio Público a los albañiles y a los conserjes como probables responsables de violación contra los menores.
Los detenidos fueron trasladados el martes al Ministerio Público de Ayotla y luego a la Fiscalía en Amecameca.
Aunque en un despacho de Notimex la Procuraduría del Estado de México da a conocer que respalda a los niños y a sus familiares con atención psicológica, los padres acusan que el Ministerio Público revictimiza a los pequeños y no cuenta con un psicólogo para asistirlos.
