Con información de Milenio
La Fiscalía General estatal de San Luis Potosí informó sobre la detención de siete personas, entre ellas funcionarios públicos de la Dirección de Pensiones, por un fraude millonario que podría ascender a los 700 millones de pesos.
Las órdenes de aprehensión se cumplimentaron este lunes en contra de Ricardo “N” tesorero de Pensiones, Juana Patricia “N” ex colaboradora de la Dirección de Pensiones y actualmente servidora pública, Ana Paola “N”, administradora única de la empresa moral Trapesa y su esposo Neftali “N”.
Además de la particular Ana Lilia “N” y Arturo “N” gerente y representante de una institución bancaria, contra quien además se ejecutó una orden de cateo en su domicilio en donde se aseguraron vehículos deportivos de alta gama.
La forma de operar fue desde la Tesorería que, a través de las cuatro cuentas maestras, fueron aperturando de manera indebida al menos 60 cuentas en una sola institución bancaria, con las cuales se dispersaba el dinero a diversas cuentas, hasta llegar a manos de particulares y de funcionarios públicos de la Dirección de Pensiones.
“Todo esto deriva de una maquinación que se hizo por parte de personal de la Dirección de Pensiones en contubernio con personal de una institución bancaria en la que se hizo uso de documentos alterados, apócrifos, en el que se le hizo ver al propio director de Pensiones, que contaba con un saldo de más de 700 millones de pesos en sus cuentas bancarias, cuando en realidad contaban con solo 6 millones de pesos”, informó el fiscal José Luis Contreras.
Además, se detectó que 153 millones de pesos fueron depositados en una cuenta bancaria de una persona moral denominada Trapesa, de la que son socios los particulares y los funcionarios públicos involucrados.
“El propio personal que se venía desarrollando como tesorero desde el año 2009 hasta el año 2023, quien tenía la obligación de administrar los recursos de esta dirección, generó las condiciones propicias para que, en su carácter de autor y coautores, los demás partícipes generarán un incremento de su patrimonio, en poco más de 200 millones de pesos, con una posibilidad de incrementarse por un monto de 700 millones de pesos”, agregó el fiscal.
El origen de los recursos fueron las retenciones que se realizan a los derechohabientes y que de manera indebida, desviaron en beneficio de una persona moral y personas físicas que tuvieron un incremento en su patrimonio. La investigación de la Fiscalía General del Estado abarca del año 2020 al 2023.
Los detenidos enfrentarán acusaciones por los delitos de ejercicio abusivo de la función pública con una expectativa de pena de 2 a 12 años y peculado, cuya penalidad va de los 5 a 15 años de cárcel.
El fiscal, José Luis Ruiz Contreras, adelantó que la Fiscalía tiene abiertas más carpetas de investigación, pero, dijo, hasta el momento no se tienen datos que el desvío de recursos esté vinculado con alguna empresa del crimen organizado.
