Cuestión Pública

Tamaulipas México.- El conjunto de leyes, normas jurídicas reglas sociales de carácter obligatorio, creadas por el legislador, mismas que no se cumplen o no tienen aplicación práctica, configura lo que los cientistas jurídicos denominan derecho vigente no positivo.

¿A qué viene lo anterior? Se preguntará el lector.

Viene a cuento porque la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) volvió a doblar al gobierno federal en la aplicación la reforma educativa y sus leyes secundarias, que tienen como propósito la rectoría del estado en esta materia, elevar la calidad educativa, evaluación magisterial, la eliminación de cacicazgos sindicales e ineficacia en la enseñanza aprendizaje.

Al efecto con los acuerdos negociados el pasado 5 de noviembre entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y la CNTE, donde lo profesores se impusieran sobre la regulación aprobada, el Ejecutivo se compromete a que «los maestros» participen en el diseño de sus propias evaluaciones. Es decir, los mentores definirán en la práctica, los exámenes de evaluación a profesores.

De igual modo los docentes decidirán los criterios para obtener reconocimientos y las reglas para ingresar al llamado servicio profesional docente. Luego entonces yo me premio. Yo me ingreso. Yo me promuevo. Yo doy clases.

Así pues atrás quedo aquel conjunto de leyes educativas que obligaban a los maestros a la evaluación universal para aquellos docentes sin nombramiento definitivo, al reprobar más de dos oportunidades anuales, quedarían despedidos. Mientras que quienes cuentan con plaza definitiva se adscribirían a otras áreas. Lo que se traduce en una regresión al viejo esquema de la alianza educativa.

Como podrá verse con los mencionados acuerdos, las regulaciones recientemente aprobadas por el Congreso de la Unión quedaron como derecho vigente no positivo, donde un simple pacto producto de las presiones y chantajes, abrogó en los hechos la reforma educativa y de paso con la cacaraqueada rectoría del estado en materia educativa.

Sobra decir que el actuar del Ejecutivo Federal por conducto de la Segob fue políticamente incorrecta al prestarse a negociar acuerdos inadmisibles sin hacerlos públicos, adoptando el papel de facilitador para el ajuste de leyes a cambio de pactos con líderes sindicales.

De tal suerte que los métodos empleados por la Segob, son deleznables, no sólo cómo se cede a las condiciones de compensación económica para docentes que llevan meses sin dar una sola clase y abandonando a los alumnos a su suerte, sino porque se ofrece redefinir una legislación sin tener competencia para ello.

Por consiguiente con la reforma educativa ya no procedía ya la negociación política, era un ciclo agotado. Lo que proseguía era implementar en los hechos la reforma con la SEP y los gobiernos estatales. Pero por comodidad burocrática se negoció literalmente la reforma constitucional al gusto de la CNTE.

Cabe indicar que las “reformas” educativa y hacendaria terminaron nulificadas, la primera quedó enterrada por la negociación política con la CNTE, y la segunda limitada a un aumento de impuestos, resultando una simple “miscelánea fiscal”.

Por tanto la insumisión constitucional y el desprecio a la ley es un cáncer con el que hay que acabar si no queremos acabar con la democracia. En México se ha convertido en una costumbre, en una práctica y realidad cotidiana, que quienes cometen abusos, se saltan la ley y se imponen sobre los demás vivan sin castigo

Huelga decir que todos los días vemos cómo las leyes son negociables y cómo se relaja su observancia. Se propicia un Estado de derecho débil, cuando se obtienen prebendas mediante la amenaza y el chantaje.

Empero cabe preguntar: ¿Por qué no se cumple la ley en México?

Aventuro algunas causas: Porque prevalece la impunidad; porque el gobierno carece de voluntad política para hacer cumplir la ley; porque algunas leyes son malas, pero hay resistencia a cambiarlas; porque se trataría de un gobierno fallido, que exhibe la grave descomposición de las instituciones.

Tengamos presente que en México no sólo se hacen infinidad de leyes innecesarias, contradictorias y de escasa calidad sino que no se cumplen, y no pasa nada. Se dice con hipocresía que «se acatan», pero no se obedecen y no se aplican. De ahí que se diga que en México el estado de derecho es una ficción y la legalidad una utopía.

Está visto que, la falta de credibilidad del proyecto nacional, la inseguridad jurídica y la desconfianza en quienes dirigen la política nacional son factores que aumentan la dificultad para salir de la crisis. En un Estado de derecho Incumplir la ley tiene sus costos para los ciudadanos, para los políticos y sobre todo para los dirigentes elegidos democráticamente.

En definitiva la inaplicabilidad de la reforma educativa y sus leyes secundarias por parte del gobierno federal, derivada del pacto del 5 de noviembre pasado, entre la Segob y la CNTE, también ha evidenciado que el abandono de las aulas por parte los maestros paristas faltistas no es por motivos laborales, sino políticos, quitarle al Estado la rectoría de la educación.