CUESTION PUBLICA
Por: Luis Lauro Carrillo Soto
INICIATIVA DE EQUIDAD DE GENERO EN LA POLÍTICA
Tamaulipas México – La política de reconocimiento a los sectores sociales históricamente excluidos como algunos grupos étnicos, las mujeres, homosexuales, los enfermos de sida y preferencias raciales, tiene como propósito reducir o eliminar las prácticas discriminatorias de que han sido objeto a través de la acción afirmativa o positiva.
¿A qué viene lo anterior? se preguntará el lector. Viene a cuento por acción afirmativa contenida en la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto enviada al Senado para reformar del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) para obligar a los partidos políticos a garantizar la postulación del 50 por ciento de las candidaturas sean entregadas a mujeres.
Está visto que la discriminación de las mujeres es la más antigua y persistente en el tiempo, la más extendida en el espacio, la que más formas ha revestido desde la simple y brutal violencia, hasta los más sutiles comportamientos falsamente protectores y la primaria por genero, porque siempre se añade a todas las demás.
Tengamos presente que el objetivo de la acción afirmativa es mejorar la calidad de vida de grupos desfavorecidos, y compensarlos por los prejuicios o la discriminación de la que han sido víctimas en el pasado. Se debe privilegiar a quien ha estado más discriminado.
Cabe decir que el principio de las discriminaciones compensadas está basado no solo en la importancia de las diferencias, sino en aquellas que se evidencian públicamente mediante movilizaciones para favorecer intereses económicos o electorales.
En ese contexto las cuotas electorales de género no se construyen porque se piense que las mujeres tienen menos méritos, sino porque las relaciones de poder realmente existentes en nuestras sociedades les impiden aplicar esos méritos en las instituciones de representación política.
Al efecto el proyecto del ejecutivo federal establece la cuota obligatoria tanto para candidaturas plurinominales, como de mayoría relativa, y aún cuando los aspirantes sean producto de un proceso democrático de elección interna en los partidos. Instituyéndose además la obligación de que la fórmula completa, propietario y suplente, sea ocupada por candidatos de un mismo género.
De ahí que la propuesta de que el 50% de las candidaturas a cargos de representación popular constituye una forma para asegurar un incremento sustancial de la participación de las mujeres en la política, constituyendo otro paso significativo muy importante y valioso al que debemos apoyar.
Conviene resaltar que México está lejos de contar con una presencia masiva de mujeres en la política. En el Senado hay 44 senadoras de 128 y 187 diputadas de 500, lo que representa el 34% y el 37.4% de sus integrantes respectivamente.
Huelga decir que en muchos congresos locales la situación es todavía peor. Por eso se necesitan fuertes cuotas electorales, que permitan a las mujeres romper el famoso tabú, que en un país machista y profundamente conservador como México les impide desarrollarse completamente en el ámbito político.
Sobra decir, que viendo el nefasto desempeño que han tenido los varones al frente de instituciones públicas, cierto y lógico es suponer que con la presencia de mujeres se obtendría una mejoría. No hay lugar para el empeoramiento, luego de todo lo que hemos visto en los años recientes. Ellas podrán hacerlo, mucho mejor.
Por tanto con las cuotas se pretende compensar lo que estadísticamente se conoce como probabilidad objetiva, misma que pesa en contra de las mujeres y de acuerdo con la cual la posibilidad real que tienen las féminas de acceder a los cargos representativos es mínima en comparación con la de los hombres.
Por otro lado el Congreso de la Unión en la modificación del COFIPE debería redactar la cláusula de temporalidad basada en informes sobre la persistencia de bajos porcentajes de candidatas en las listas electorales, que podría rendir el IFE al poder legislativo para limitar las futuras decisiones. ¿Qué pasaría con esa ley si en unos años decide el Congreso de la Unión derogarla?
En el mismo orden de ideas la constitución política mexicana y leyes secundarias en materia discriminación tienen por objeto prevenir y eliminar todas las formas discriminatorias que se ejerzan contra cualquier persona o grupo étnico, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.
No pasa inadvertido que la acción afirmativa en México ha beneficiado preferencialmente a las mujeres con el COFIPE que hoy se reforma y la Ley de Cuotas introducida en la legislación federal y estatal, para una mayor participación de las mujeres en los cargos de mayor jerarquía en las entidades y órganos de la administración pública, así como en los partidos y movimientos políticos.
En definitiva la acción afirmativa del presidente Peña Nieto a favor de las mujeres es positiva pero discriminatoria en relación con otros grupos no favorecidos, a pesar de tener los mismos derechos de acceder a recursos y servicios, agravando la situación de segregación contra estas personas no favorecidas, generando sentimientos de inconformidad hacia los beneficiados objeto de estos privilegios.
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