Las reformas de la administración pública no deberían quedar en esfuerzos aislados de los Congresos locales, sino integrarse a la orientación estratégica de un gobierno. En otras palabras, deben encontrarse en los principios generales y objetivos de la buena gobernanza.
Dichas reformas deben prever las necesidades y los cambios a futuro, de tal suerte que esté preparada para enfrentar los retos del mañana, en lugar de tener que reaccionar repentinamente ante las demandas abrumadoras o a decisiones políticas improvisadas del propio aparato gubernamental.
Viene a cuento lo anterior por la reciente reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado (LOAPET), para que la Secretaría General de Gobierno reasuma algunas de las facultades y funciones, que fueron quitadas con las reformas publicadas Periódico Oficial del Estado con fecha 30 de agosto de 2012 que crearon la “supersecretaria” del Trabajo y Asuntos Jurídicos.
Al efecto la flamante reforma aprobada por el Congreso del Estado de Tamaulipas estableció como propósito que la nueva Secretaría General de Gobierno reasuma las siguientes funciones jurídicas:
“La participación en Ia propuesta y elaboración de iniciativas de ley o de normatividad del Ejecutivo; intervención en la elaboración y revisión de convenios y acuerdos del Ejecutivo con los sectores público, social y privado; atención de los asuntos contenciosos que impliquen el señalamiento directo del Ejecutivo Estatal como autoridad responsable o como demandante o demandado.
La coordinación de Ia Comisión de Estudios Jurídicos del Gobierno del Estado, como espacio para armonizar y homologar criterios jurídicos aplicables a Ia generalidad de Ia administración estatal; Incorpora el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública a Ia Secretaría General de Gobierno,
Incorpora como facultad la coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública”.
Cabe señalar que la Secretaría del Trabajo y Asuntos Jurídicos, con la reforma conserva la atención de los servicios jurídicos de carácter público mediante la coordinación del Instituto Registral y Catastral del Estado, la atención normativa de la función de mediación, los servicios notariales y el otorgamiento de permisos y legalizaciones que corresponden al Ejecutivo.
En esas condiciones quedó evidente el desconocimiento de los diputados de del Congreso del Estado de Tamaulipas de la planeación legislativa, de la incapacidad para distinguir el ámbito sectorial gubernamental en sus aspectos de bienestar social, político y económico, circunstancia que dio como resultado un Frankestein administrativo como o es la “supersecretaria” del Trabajo y Asuntos Jurídicos.
En otro tenor los diputados son considerados lo peor de la clase política, según todas las encuestas de percepción ciudadana. Es una imagen que arrastran desde hace años y en el caso particular de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas cuyas funciones concluyeron el día de ayer, no fue la excepción.
Sobra decir que la LXI legislatura pasada aprobó cuanta cuenta pública lee pusieron enfrente, designación manipulada de Consejeros del IETAM, ninguna reforma política de trascendencia, baja productividad legislativa, poco nada de gestiones a la comunidad, de las cuales en su mayoría frecuentemente se apartaron.
Por otro lado el costo-beneficio de todos los legisladores del Congreso local, reflejó una carencia de resultados legislativos, a pesar de los millones de pesos invertidos en el sistema legislativo, las cientos de horas-diputados empleadas para “legislar”, no se logro la eficacia parlamentaria. Resultó carísima cada iniciativa de ley aprobada, cada cuenta pública aprobada, decreto emitido y punto de acuerdo.
De todo hubo y de todo ha pasado por ahí. Desde ingenieros, abogados, médicos maestros, contadores, administradores, comunicadores, campesinos, ganaderos, burócratas, juniors, dipsómanos, adictos, conversos, personas con antecedentes dudosos y con presente o futuro delictivo; deportistas, luchadores (sociales y del ring), historiadores y por supuesto, profesionales de la grilla y gandayas.
Por tanto la actual legislatura (LXII) tiene el reto de superar la insolvencia legislativa, permanecer en los linderos de la política seria, la de verdad, la de servicio a la comunidad, reivindicar la dignidad ética y el profesionalismo legislativo; aunque vivan de y para la política o deambulen en ese ámbito, representen los intereses de los tamaulipecos.
En definitiva con la reforma a la LOAPET, la Secretaria General de Gobierno recuperó parcialmente de la “supersecretaria” del Trabajo y Asuntos Jurídicos las dependencias que le fueron quitadas por el propio Congreso mediante el Decreto LXI-495 publicado en el periódico oficial de fecha 30 de agosto de 2012.
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