Tamaulipas México.-El Estado federal se forma con la existencia de un territorio, una población, un gobierno y un régimen jurídico que determina una federación, titular de la soberanía, en donde cada una de las partes mantiene cierta autonomía en tanto que constitucionalmente limita el poder del gobierno central.
El federalismo en México ha sido una idea, un debate público, un proyecto político, un motivo de guerras internas y, actualmente, una forma inacabada de organización del Estado, que actualmente los actores políticos abiertamente promueven el regreso al estado unitario.
Viene a cuento todo lo anterior, porque gobierno, partidos políticos y legisladores impulsan la reconstrucción de un estado centralista, aunque constitucionalmente México es una federación, pero su estructura y funcionamiento es la de un Estado unitario.
Al efecto el artículo 40 constitucional establece: “es voluntad del pueblo mexicano constituirse República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.
Por tanto en los regímenes liberales comprendidos de 1867 a 1911 y post revolucionario de 1920 a 2000, se caracterizaron por el centralismo político que prevaleció en el país, convirtiéndose en factor contrario al federalismo.
En ese tenor la centralización del poder político y de los recursos gubernamentales alcanzó un nivel excepcional de concentración en el Ejecutivo Federal. Tras el fin del régimen priísta en el 2000, el control político del centro sobre los estados se debilitó, consolidándose los gobernadores como los nuevos monarcas sexenales del viejo régimen mexicano.
De tal suerte que el federalismo actual constituye un drama. Si los elementos definitorios de un Estado son la seguridad y el cobro de impuestos, entonces las entidades soberanas no existen. Porque ni recaudan, ni garantizan seguridad.
Así pues, durante los 12 años de alternancia en el Ejecutivo federal, los gobiernos estatales ganaron en márgenes de maniobra y duplicaron su participación en el gasto público como unos de los principales beneficiarios de la bonanza petrolera, aunque en los últimos años empezó a declinar la producción.
Sobra decir que los gobiernos estatales sin el contrapeso de los Congresos locales Es muy difícil para un diputado local enfrentar a un gobernador.
Tengamos presente que para limitar a los gobernadores, y hacer viable el federalismo, es necesario apoyar a los Congresos locales para que puedan jugar el papel de contrapeso, esto puede lograrse otorgándole facultades al Senado de la República para remover o destituir a los gobernadores.
Está visto que el federalismo mexicano es muy frágil por la dependencia de los gobiernos locales a las participaciones federales, ya que únicamente recaudan directamente la quinta parte de los ingresos que reciben. Sus atribuciones y facultades se obtienen más por exclusión, por aquello de que lo que no está expresamente señalado para la federación se entiende reservado a los estados.
Ahora bien en el tema del centralismo este se concreta en el arreglo institucional por la vía de la legalización.
De ahí que las iniciativas de reformas en materia de transparencia y combate a la corrupción les dan a las instancias federales atribuciones específicas de aplicación nacional sin considerar a las estructuras y organismos estatales y municipales, con lo cual se vulneran sus autonomías de esas entidades públicas.
De igual manera en la iniciativa de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, el gobierno nacional propone transformar el actual Fondo de Aportaciones para la Educación Básica en Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo.
En los hechos y jurídicamente se da marcha atrás a la descentralización educativa, quitándole a los gobernadores el control de los pagos al magisterio y por consiguiente de un plumazo se termina con la doble negociación salarial, que trajo beneficios a los profesores, quienes con ese modelo triplicaban salarios y prestaciones.
En ese contexto, las dirigencias y legislaturas del PAN y del PRD proponen la creación del Instituto Nacional de Elecciones en sustitución del Instituto Federal Electoral y los 32 órganos correspondientes en las entidades federativas. Igual suerte correrán las autoridades jurisdiccionales electorales en los estados, cuyas funciones las cumpliría el tribunal electoral del poder judicial de la Federación.
De idéntico modo acontece con la propuesta de código penal y procesal penal único para toda la república.
En definitiva para la viabilidad del federalismo en México es necesaria la construcción de las nuevas instituciones y de los nuevos instrumentos para el acuerdo intergubernamental nacional, o en su caso desaparecerlo usando organismos federales o nacionales y homologando las leyes para hacerlas cumplir.
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