Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Congreso del Estado acordó enviar a la Procuraduría General de Justicia 15 cuentas públicas correspondientes a los municipios de González, Méndez y Burgos, así como de las Comisiones Municipales de Agua Potable y Alcantarillado de Antiguo Morelos y Padilla.
El decreto instruye a la Auditoría Superior del Estado a “proceder a fincar las responsabilidades a que haya lugar” en contra de los servidores públicos que causaron daños y perjuicios a la hacienda pública.
Del ayuntamiento de González fueron rechazadas tres cuentas de la administración del ex alcalde Erwin Verlage Guerrero (2008-2010); tres del municipio de Méndez, correspondientes a la administración de Armando Heredia Solís, y una de Burgos, del año 2011, período de Fernando López Pando (en ejercicio).
En relación con las cuentas públicas de las Comapas, dos negativas son del organismo operador de Padilla, correspondientes al ejercicio 2010, y se menciona que ya se fijaron responsabilidades civiles a dos personas: Elías García Fuentes y Oscar Zamudio Peña, pero aun así no cumplieron con los requerimientos de la Auditoría Superior del Estado.
Cinco cuentas más son de la Comisión de Agua de Antiguo Morelos entre los años 2008 a 2010, donde los funcionarios responsables ya fueron multados con 240 salarios mínimos (alrededor de 13 mil 500 pesos), pero tampoco hacen caso con reunir la documentación justificante.
Momentos antes de entrar a la sesión ordinaria, el coordinador parlamentario, Carlos Solís Gómez dijo que en cumplimiento de la ley será la Auditoría Superior del Estado, a cargo de Miguel Salman Álvarez, el órgano que presente las denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Especificó que no en todas caben denuncias penales, ya que en algunos casos lo que se impone son responsabilidades administrativas.
En total, la legislatura trató 26 cuentas públicas, de las cuales se negaron 15 y once fueron favorables a los entes públicos.
Dentro de estos últimos se encuentran tres periodos más de la Comapa de Padilla, que son de los dos semestres del 2009 y del segundo del 2008.
Además las del 2011 de Jaumave, Mainero, Méndez, Ocampo y Reynosa, y de los organismos Universidad Politécnica de Victoria, Conalep y Comapa del municipio de Nueva Ciudad Guerrero.
AUTORIZAN PRESTAMO POR MIL 500 MILLONES
En la misma plenaria, la legislatura autorizó al Ejecutivo estatal a solicitar un préstamo bancario de hasta mil 500 millones de pesos que se destinarán al ramo de seguridad pública.
Como garantía del pago quedarán embargados los ingresos que le corresponden a Tamaulipas en las participaciones federales del ramo 28.
En su iniciativa, el Ejecutivo señaló que el préstamo servirá para cumplir con los compromisos derivados de los convenios de colaboración con el gobierno federal y 22 municipios tamaulipecos.
A través de esos convenios se encuentran comisionados en Tamaulipas dos mil 290 elementos del Ejército Mexicano en los citados municipios, adicionalmente de 500 de apoyo a la estructura de la Policía Estatal.
De igual forma los legisladores emitieron decreto por el que se crea la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas Públicas, la cual viene a derogar la Ley de Fiscalización Superior expedida el 12 de diciembre del 2001.
El nuevo ordenamiento consta de 76 artículos y seis transitorios. Concede seis meses de plazo para que la Auditoría Superior del Estado elabore los reglamentos necesarios.
De acuerdo con los diputados dictaminadores, la nueva ley le concede “dientes” al Poder Legislativo y su órgano fiscalizador para imponer sanciones y perseguir a quienes cometan delitos en perjuicio del erario público.
Autoriza asimismo embargos precautorios del patrimonio personal y obliga a indemnizaciones, cuando funcionarios hayan incurrido en delitos durante su desempeño.
Fija también un plazo de cinco años para la prescripción de los ilícitos cometidos por funcionarios.
APRUEBAN LEY DE VIVIENDA
En las últimas sesiones de su ejercicio, los integrantes de la 61 legislatura han sido bastante productivos. Aprobaron además la Ley de Vivienda para Tamaulipas, la cual consta de 62 artículos y da lugar al impulso de la vivienda social.
La misma deberá entrar en vigor 90 días después de haber sido publicada en el Periódico Oficial del Estado, y concede además 180 días más para que se elabore el reglamento correspondiente.
El dictamen de los legisladores manifiesta que la expedición de esta ley va con el proceso de adecuación del marco jurídico estatal con los cuerpos normativos federales, como es la Ley de Vivienda Federal.
Otros dictámenes aprobados se refieren a reformas a la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social; Código de Procedimientos Civiles, Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y Ley de Obras Públicas y Servicios.
Esto, de acuerdo con los legisladores, para armonizar los avances en materia tecnológica y de infraestructura para buscar métodos alternos en la solución de controversias sobre el área de asistencia social.
