Los resultados del último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan cuáles son los estados con mayor rezago en la evaluación policial y, por el contrario, cuáles son las entidades que menos lo tienen.
La evaluación de los cuerpos de seguridad pública y procuración de justicia sigue estancada. A poco más de dos meses que concluya el plazo -el cual ya fue prorrogado un año-, cinco estados han certificado a menos del 50% de sus agentes. Tamaulipas, una de las entidades con mayores índices de violencia en el país, tiene el menor avance: apenas 39.19% de sus 10 mil uniformados han sido evaluados.
Los resultados del último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan cuáles son los estados con mayor rezago en la evaluación policial y, por el contrario, cuáles son las entidades que menos lo tienen.
El próximo 31 de octubre vencerá el plazo de evaluación. Originalmente el proceso de certificación debió vencer en el mismo mes pero de 2012, sin embargo, el Congreso de la Unión y el Sistema acordaron ampliarla un año más. La ley es clara: los policías que no hayan sido evaluados, deberán irse.
María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común, alerta sobre la situación del proceso de evaluación: “Es injusto para los policías, pues no es su responsabilidad sino de los gobiernos estatales. Y si no pasan la prueba, tampoco significa que sean delincuentes, es que los gobiernos no los ha profesionalizado. Están en una posición muy inequitativa”.
Además, Morera dice que este proceso “es muy caro, en el que se ha hecho un paquete de pruebas homogéneas a pesar que no todos los policías tienen las mismas funciones y responsabilidades”.
Ante el riesgo de que los policías sean despedidos de las corporaciones por no estar certificados, la activista advierte: “Es un riesgo para la seguridad pública correr a tanta gente, pero además no hay recursos para liquidarlos”.
¿La solución? Morera considera que se debe ampliar nuevamente el proceso de evaluación, pero estableciendo sanciones a los Estados que incumplan.
“No podemos estar prorrogando sin que haya responsabilidades, de lo contrario los Gobernadores nunca van a cumplir”, advierte.
Por su parte, Monte Alejandro Rubido, titular del Secretariado, dijo en julio pasado que la certificación llevaba un avance de 98% a nivel federal, pero admitió que a nivel estatal había un rezago importante, pues apenas se había alcanzado el 63%.
El proceso de evaluación inició desde 2008 con el fin de depurar las policías estatales y municipales de vínculos con el crimen organizado. Ha sido un proceso largo en el cual muchos estados debieron crear sus Centros de Control de Confianza, adquirir polígrafos y capacitar personal.
Pero es insuficiente. “¿Cuál es el sentido de evaluar si no se profesionaliza y se dan mejores condiciones a los policías?”, agrega Morera y ejemplifica con una metáfora: “Imaginen un barril con manzanas. Se quitan las podridas con la idea de que no pudran a las demás. ¿Pero y si el barril es el que está podrido?”.
