Luis Lauro Carrillo Soto
Tamaulipas México.- Cualquier gobierno que se precie de democrático tiene la facultad de plantear al país sus políticas, ideas y sus propuestas de cambio. Pero lo que no tiene derecho es a engañar ni a ocultar la naturaleza y el alcance de esos cambios.
Viene a cuento lo anterior porque el próximo miércoles el presidente Enrique Peña Nieto presentará a la Comisión Permanente Del Congreso, la iniciativa de reforma energética basada en mantener la propiedad y la rectoría económica del Estado y la apertura al capital público-privado, para maximizar la renta petrolera
De ahí que en los próximos días y semanas por venir el verbo privatizar estará el de moda en el ámbito político, por el debate que se ha generado con motivo de la reforma energética en relación con la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Así pues, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, privatizar significa “transferir una empresa o actividad pública al sector privado.
Por tanto es importante que los mexicanos sepan con claridad si la reforma energética está supeditada o no a los intereses de los Estados Unidos y de las grandes compañías petroleras del mundo, por lo que pase con Pemex y con la industria petrolera tiene relación con el presente y con el destino nacional.
De tal suerte que si la propuesta de reforma energética es no privatizar ni vender Pemex, y con apertura a la inversión privada estriamos en presencia de una iniciativa de reforma legal y no constitucional De aprobarse ene estos términos se pasarían por alto los principios constitucionales establecidos en el los artículos 25, 27 y 28 de la constitución
Tengamos presente que el carácter estratégico significa la exclusividad del estado para administrar controlar y explotar el petróleo y los hidrocarburos y petroquímica básica. De aquí viene a nuestra mente la pregunta: ¿Por qué regalar Pemex?
En otras palabras la explotación solo está reservada al Estado, aunque el párrafo sexto del articulo 27 remite a la ley reglamentaria, esta jamás deberá ser interpretada en el sentido de que el estado pierda el control y propiedad sobre los recursos que pertenecen a la nación o la exclusividad en las funciones estratégicas desde la exploración hasta las ventas de productos de primera mano.
Por consecuencia el legislador secundario no deberá vulnerar la constitución a través de normas de menor jerarquía, pues al pretender utilizar vías jurídicas e institucionales para trastocar y vaciar de contenidos los principios constitucionales se estaría cometiendo un fraude a la constitución.
En ese orden de ideas, la finalidad de la reforma “legal” consiste en regularizar hechos ya acontecidos relacionados con la energía, pretendiendo abrir a la iniciativa privada la industria petrolera nacional. a los inversionistas que podrán participar en todas las etapas de la industria petrolera y Pemex terminara siendo un administrador de contratos sin capacidad real para influir
En cambio si se trata de una reforma energética constitucional implica reformar los artículos 25, 27, y 25 de la carta magna, para quitar el candado de lo estratégico y la exclusividad en el control y explotación del petróleo y derivados, misma que podrían ser aprobadas con las dos terceras partes de los votos del PRI y PAN.
En definitiva una reforma legal o constitucional que se aprobara en los términos propuestos en las iniciativas, se realizarían en sentido contrario a las tendencias mundiales, Hoy en día los Estados renacionalizan sus recursos energéticos y fortaleces sus organismos públicos que los explotan sin la participación de inversionistas privados nacionales y extranjeros.
Twitter: @luiscarrs
