Es imposible saber qué equipo policial compraron con recursos públicos las entidades federativas o determinar sí éste es adecuado para las necesidades en seguridad pública de cada estado, concluyeron el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la organización civil Causa en Común tras analizar los mecanismos de rendición de cuentas de los Fondos Federales para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP).
Con ese fondo, el gobierno federal reparte cada año 7.6 mil millones de pesos entre las 32 entidades federativas para la ejecución de estrategias de seguridad ciudadana, prevención del delito y procuración de justicia, pero los pocos datos que los estados publican sobre su aplicación impiden conocer sí éstos realmente se utilizan para alcanzar objetivos en seguridad.
“Lo que encontramos es que la información de gasto y presupuestal es limitada, los informes trimestrales (de gastos) son poco homogéneos o no están disponibles y hay una opacidad sistemática sobre la operación del FASP. Sí hay una fiscalización del gasto pero sin una sanción clara a las responsabilidades. En consecuencia, lo que vemos es una insuficiente rendición de cuentas del fondo”, dijo Alejandro Hope, director de seguridad del IMCO.
En el reporte se analizó como muestra la información disponible de 10 entidades federativas -Colima, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Tabasco y Veracruz-, elegidas a partir de diferentes indicadores de seguridad como gasto, número de delitos, de homicidios, de policías y población, entre otros.
Se solicitó información en los estados sobre los procedimientos de adquisición y el tipo de equipo policial comprado para garantizar la seguridad ciudadana, tales como chalecos antibalas, uniformes o escudos anti motines.
El resultado es que no existen datos sobre precios, características o especificaciones de esos materiales, por lo que hace falta un catálogo público del equipo para seguridad ciudadana que se compra con recursos públicos cada año.
Según el IMCO y Causa en Común, debido a que no existe un Programa anual de adquisiciones, es imposible saber sí lo reportado por las entidades federativas es “todo o sólo un pedazo de lo realmente comprado”.
El FASP concentra el 45% de los recursos federales entregados a los estados para seguridad, pero el principal argumento para no transparentar en qué se usa es que la información está reservada precisamente por motivos de seguridad, aunque según estas organizaciones no existen lineamientos claros para determinar en qué casos se puede utilizar las causales de “seguridad pública” y “seguridad nacional” para negarse a entregar información.
Por ejemplo, sobre el equipo policial adquirido por entidad federativa, los estados negaron la información y remitieron al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) como institución responsable de los datos. El Secretariado respondió tras una solicitud de información que al entregar el número de vehículos, uniformes y aditamentos comprados se puede “llegar a deducir el estado de fuerza de policías y custodios con que cuenta” cada estado, lo cual es información pública disponible en el mismo sitio web del SESNSP.
Sin objetivos claros
De las 10 entidades federativas que fueron parte de la investigación, ocho -Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nuevo León y Tabasco-, no cumplen con la obligación de publicar los Convenios de Coordinación con el gobierno federal, que es el documento en el que se establecen los “fines específicos” del FASP.
Asimismo, ningún estado cumple con la publicación del Anexo Técnico Único, en el que se acuerdan los objetivos, metas y mecánicas particulares de cada acción que se llevará a cabo con los recursos del FASP, con base en la estrategia nacional de seguridad.
