«El gobierno de Enrique Peña Nieto ha dado algunas señales de que su administración está interesada con la libertad de expresión (…) pero también ha habido señales contrarias, propias de un México que no está en paz, a diferencia de lo que se ha manifestado en el discurso de la presente administración»
(CNNMéxico) — El gobierno de Enrique Peña Nieto ha dado algunas señales de que su administración está interesada con la libertad de expresión, pero no sé si sean suficientes.
Por ejemplo, incluyó en las propuestas del Pacto por México, el tema relacionado con el fortalecimiento de los mecanismos de protección a defensores de derechos humanos y periodistas y promulgó la Ley General de Víctimas.
Pero también ha habido señales contrarias, propias de un México que no está en paz, a diferencia de lo que se ha manifestado en el discurso de la presente administración.
En los primeros cuatro meses de la gestión de Peña Nieto, se han registrado más de 56 agresiones contra la Libertad de Expresión, según el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS).
Entre algunos de los casos consignados por los medios se encuentran el asesinato del periodista Jaime Guadalupe González Domínguez, director del diario Ojinaga Noticias; ataques a instalaciones de medios como El Diario de Juárez, Canal 44 de Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Siglo de Torreón, Coahuila, entre otros.
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Otra señal negativa son los indicios de querer mantener el control de la información sobre los hechos de violencia que ocurren en el país. Coincidencia o no, me llaman la atención las revelaciones hechas recientemente en el informe del Observatorio del Acuerdo de Medios, que refiere que «los medios en México han disminuido notablemente las coberturas sobre crimen organizado» desde que asumió el poder el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Entre otras de sus conclusiones, refiere que «el cambio en la agenda gubernamental modificó la cobertura de los medios respecto a los hechos relacionados con delincuencia organizada y violencia», pero la realidad siempre supera a la estrategia porque la violencia sigue ahí en las calles eso no se puede ocultar.
Por otra parte, me parece que la inseguridad y autocensura para el ejercicio periodístico que sigue presente en estados como Tamaulipas una de las entidades con mayor autocensura, así como en Sonora, Zacatecas, Sinaloa, Coahuila, Michoacán y Veracruz, entre otros.
La impunidad es otro de los grandes pendientes para el actual gobierno, y una de las mayores preocupaciones de los organismos nacionales e internacionales de protección a la libertad de expresión, que tan solo en los primeros cuatros meses de este gobierno, han realizado cuatro misiones al país en búsqueda de señales claras en materia de protección a periodista.
Los asesinatos y desapariciones de periodistas, continúan sin resolverse y las autoridades federales y locales comparten responsabilidad en ello.
De los 89 asesinatos de periodistas ocurridos de 2000 a 2012, apenas fueron dictadas 11 sentencias en los tribunales locales en los últimos cuatro años, mismas que en su momento han sido seriamente cuestionadas, tal y como ocurrió con el caso de la reciente sentencia al supuesto homicida de la corresponsal del semanario Proceso, Regina Martínez, ocurrida en abril de 2012, y por la cual ya fue sentenciado a 38 años de prisión Jorge Antonio Hernández Silva.
En la investigación realizada por la Procuraduría local, nunca se abundó en el trabajo periodístico realizado por Regina. A un año del asesinato, prevalece una investigación que me parece está sembrada de irregularidades, una sentencia en entredicho y considero que también una impunidad latente.
Hay que reconocer que las reformas secundarias recién aprobadas por el Senado plantean puntos fundamentales que pueden contribuir a las investigaciones en los asesinatos de periodistas. Entre otros, establece criterios para que los Ministerios Públicos Federales puedan ejercer la atracción de los delitos del fuero común cometidos contra periodistas.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, enfrenta la posibilidad de desaparecer, o bien de transformarse en una instancia distinta a lo que es ahora. Ello dependerá de la anunciada reestructuración interna de la Procuraduría General de la República (PGR) y del reglamento a la Ley Orgánica que deberá expedirse muy pronto. También es necesaria, por parte de la Cámara de Diputados, la aprobación del paquete de reformas en materia penal y de procedimientos penales.
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Lo importante ahora es conocer el papel que, en su reestructuración, concederá la PGR a las agresiones contra la libertad de expresión, qué mecanismo piensa crear para que exista certeza de que ahora sí habrá resultados en las investigaciones que, por años, han permanecido guardadas en los archivos de las Procuradurías de los Estados y que la Fiscalía federal ha sido incapaz de resolver.
Las respuestas, espero, las tendremos muy pronto
