Martín Díaz Salazar / 3 Culturas
La urgente necesidad de mejorar la calidad de la educación en México, el compromiso con la educación de nuestro país, el interés del partido por elevar los niveles educativos, son los argumentos en los que extrañamente coincidieron los legisladores (diputados federales y senadores) de los distintos partidos políticos para aprobar una reforma laboral que se vendió al país como una reforma educativa.
Se hicieron foros para que los maestros contribuyeran a enriquecer las propuestas de la reforma, pero los foros solo sirvieron para hacer creer a los maestros que serían tomados en cuenta, ya que finalmente ninguna propuesta presentada por los mentores apareció en el documento aprobado por los legisladores.
Casi todos los senadores y diputados federales coincidieron en evaluar periódicamente al maestro para comprobar su calidad como docente, pero siempre con la amenaza latente de despojarlo de su empleo sin indemnización alguna, en caso de no estar dentro los estándares requeridos para ejercer como maestro.
Según los argumentos ofrecidos por diputados federales y senadores, con la nueva ley, por “decreto” la calidad educativa será de primer mundo, y con la evaluación de los maestros automáticamente se resolverán los problemas de la educación en el país.
Se aprobó la reforma educativa con una actitud muy enérgica por parte de los diputados y senadores en contra de los maestros. Sin embargo, ante la propuesta de la Reforma fiscal presentada por el Presidente Enrique Peña Nieto, los legisladores “comprometidos con la educación y con el país” tomarían otra actitud.
En la llamada Reforma Fiscal, los intereses de casi todos los legisladores se ven afectados ya que se propone eliminar la deducción de los impuestos en el pago de colegiaturas de las escuelas privadas, situación que les afecta directamente, pues la mayoría de ellos tiene a sus hijos en coelgios particulares y universidades privadas y como no estudian en escuelas públicas, quieren que el país siga subsidiando la educacion de sus cachorros en colegios exclusivos.
El compromiso de nuestros legisladores con la educación y con el país lo miden en pesos y centavos, pues su actitud de rechazar esta medida los une nuevamente y los pone en una actitud de negociar a conveniencia personal, todas y cada una de las reformas que presentará el Presidente Enrique Peña Nieto.
Para que los hijos de los legisladores disfruten de los beneficios que sus padres le están ofreciendo a la juventud de nuestro país, deberán ser inscritos en una escuela pública. Sería bueno que los hijos de diputados y senadores se iinscribieran en cualquier escuela de la periferia de la ciudad, con maestros certificados, pero con salones sin aire acondicionado, sin pizarrones y sin bancos; centros educativos que nuestros legisladores seguramente no conocen, pero existen en gran cantidad por todos los rincones del país.
De aplicar una evaluación de conocimientos generales a los legisladores y correrlos en caso de no pasar el examen, no en la tercera, sino en la quinta oportunidad, le ahorraríamos al país muchos millones de pesos, pues dejaríamos de mantener a tanto holgazán que solo utiliza la máxima tribuna del país para dormir, pues esta demostrado que son menos de diez los que les dan línea a los demás, quienes dócilmente, sin el mínimo sentido del honor y la responsabilidad y posiblemente bajo algún acuerdo económico, son capaces de aprobar hasta la venta de su progenitora si su líder de bancada se los pide.
Es cuanto.
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