Cuestión Pública
Por: luis lauro carrillo Soto
Tamaulipas Mèxico.- La movilización del 20 de noviembre en protesta por la desaparición de 43 estudiantes normalistas se hizo de manera pacífica por las principales calles del centro de la Ciudad de México, pero se tornó tensa y violenta en el Zócalo, una vez terminado el mensaje de los padres de las víctimas de los estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero.
Al efecto los autodenominados anarquistas lograron derribar algunas vallas de seguridad colocadas para resguardar el Palacio Nacional, lanzaron piedras y cohetones a los elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP) apostados también en los alrededores del inmueble sede del Poder Ejecutivo federal, con extinguidores, personal de seguridad logró apagar el fuego y reprimir a los violentos y pacíficos.
Cabe señalar que el motor de dichas manifestaciones, lo fue la indignación con un gobierno federal que ha fracasado en brindar seguridad, respetar el Estado de derecho, lograr que los criminales respondan por sus actos y garantizar la impartición de justicia para las víctimas y sus familias, que ha detonado una crisis política al titular del ejecutivo federal.
Con respecto a la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, y ejecución de civiles armados en Tlatlaya, el primero cometido por policías municipales de Iguala en complicidad con la delincuencia organizada, donde las autoridades judiciales y el mismo presidente de la República tardaron demasiado en admitir e investigar y el segundo cometido por personal del Ejército, que en opinión de los especialistas ambos casos constituyen un crimen de Estado.
De tal suerte que en la manifestación del viernes, dia que también se conmemoró el 104 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, se reunieron decenas de miles de ciudadanos para hacer al Estado dos reclamos: “Vivos los queremos”, que exige la presentación de los normalistas desaparecidos, y “Fuera EPN”, en referencia directa al presidente, Enrique Peña Nieto.
Así pues el primer reclamo refleja el rechazo a la explicación del procurador; la negación de la verdad oficial, la desilusión con cualquier afirmación de la PGR, porque los manifestantes sienten su desprecio hacía la verdad oficial. El segundo reclamo demuestra un deseo de cambio del poder político.
Como podrá verse la indignación general por la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Guerrero ha abierto la posibilidad de que los movimientos armados intenten reactivarse y reclutar nuevos miembros, tomando ventaja del sentimiento de agravio que priva ahora entre muchos jóvenes mexicanos y aprovechando la turbulencia de un entorno plagado de tropas armadas, grupos de delincuencia organizada, funcionarios corruptos y agencias de seguridad abusivas e impunes.
En definitiva el país no se incendió, pero sí se movilizó, ahora la sociedad requiere evidencias de que el gobierno federal rediseñe un autentico programa para erradicar la violencia, desmantelar las alianzas entre autoridades y grupos delincuenciales, combatir la corrupción y la impunidad particularmente en las violaciones graves de derechos humanos. Variar el modelo económico que genera más pobres que los que cree ayudar con su modelo asistencialista y con sus llamados a las inversiones del gran capital nacional e internacional.
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