*Aseguró la Presidenta de la Barra de Actualización e Investigación Jurídica de Tamaulipas AC, Esperanza Rodríguez Gómez
Por: Juan Álvarez Morales/ Ciudad Madero
Ciudad Madero.- Hasta el 2016 será cuando concluya el plazo para la implementación de los juicios orales en todo Tamaulipas, para lo cual se deben contar con las instalaciones adecuadas para ello, siendo el municipio de Ciudad Victoria el único que en este momento las instalaciones para dicha actividad.
Al respecto la presidenta de la barra de actualización e investigación jurídica de Tamaulipas AC, Esperanza Rodríguez Gómez, mencionó que proyecto ya inició en la entidad y falta concretarlo, para lo cual hay mucho trabajo que realizar, siendo la capacitación de los litigantes uno de los aspectos principales a cuidar.
Indicó que en la actualidad el 80 por ciento de los abogados del sur de Tamaulipas se están capacitando para lograr participar en los juicios orales, ya que se no estarlo, no tendrán cabida en esta modalidad, resaltando que en Tampico, Ciudad Madero y Altamira, son alrededor de mil abogados los que integran distintas agrupaciones, quienes deberán estar preparados para ello.
“La verdad es que todas las barras y asociaciones han estado capacitando y haciendo extensivo el foro, ya han de ir 800 abogados en la primera parte, que son generalidades de este nuevo sistema penal y próximamente se va a desarrollar la segunda parte de estos juicios que son técnica de litigación oral”.
Señaló que la capacitación que se les brinda es por partes, ya que son muchas las áreas que deben abarcar, por ello es que su preparación en este momento no es del 100 por ciento, dejando en claro que para ello es que se reciben apoyos por parte de ls suprema corte de justicia de la nación.
Rodríguez Gómez aseguró que existen recursos para brindar estas capacitaciones, pero aun no se ha determinado a través de que dependencia se pueden bajar, lo cual se está investigando, mientras tanto se recibe el apoyo de capacitación con recursos propios o a través del poder judicial del estado y la propia SCJN.
