La Ley Mordaza para callar a periodistas y críticas ciudadanas
Crónicas del Sur
Por José Juan Tomas
En Tamaulipas, pedir profesionalismo a los comunicadores parece haberse convertido en el nuevo argumento político para intentar censurar la crítica y silenciar las voces incómodas de la sociedad.
La reciente iniciativa impulsada por la diputada local del Distrito 19 y aspirante a la alcaldía de Altamira, Cintia Elizabeth Jaime Castillo, mejor conocida como “La Comaye”, ha encendido un fuerte debate entre periodistas, reporteros y comunicadores del sur, centro y norte del estado.
Y no es para menos.
La propuesta, que busca colegiar el ejercicio periodístico, ha sido señalada por diversos sectores como un intento disfrazado de regulación que, en los hechos, representaría un golpe directo a la libertad de expresión.
Porque cuando el poder intenta decidir quién puede informar y quién no, ya no hablamos de profesionalización… hablamos de control.
El periodismo en México no requiere permisos políticos ni filtros gubernamentales para existir. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 6º, garantiza claramente el derecho a la libre manifestación de ideas, el acceso a la información y el libre ejercicio de la comunicación sin censura previa.
Pretender establecer mecanismos que condicionen la labor periodística abre la puerta peligrosa a una “Ley Mordaza”, diseñada más para incomodar a quienes cuestionan que para fortalecer la información pública.
Comunicadores de distintas regiones han expresado sentirse agraviados ante una iniciativa que, lejos de proteger al gremio, parece orientada a frenar las críticas dirigidas a gobiernos municipales señalados constantemente por la ciudadanía.
Uno de los casos más visibles es el del Ayuntamiento de Ciudad Madero, encabezado por Erasmo González Robledo, cuya administración ha sido objeto de cuestionamientos públicos por decisiones y acciones que han generado inconformidad social.
La percepción entre periodistas es clara: cuando aumentan las críticas, aparece la intención de regular al mensajero en lugar de atender el mensaje.
Hoy, lo que algunos legisladores llaman orden, muchos lo interpretan como censura.
La libertad de expresión no es concesión del poder; es un derecho ciudadano. Intentar limitarla mediante iniciativas legales representa un retroceso democrático que recuerda épocas donde cuestionar al gobierno significaba incomodar demasiado.
El periodismo no necesita tutores políticos.
Necesita garantías, respeto y seguridad para ejercer su función social: informar, cuestionar y exhibir aquello que el poder preferiría mantener en silencio.
Porque cuando se intenta callar a la prensa, en realidad se intenta callar a la sociedad.
Y una sociedad sin voz jamás será una sociedad libre.
