Poder Judicial de Tamaulipas mantiene operatividad tras renuncias y alista fusión de juzgados

Tres personas juzgadoras del Poder Judicial de Tamaulipas presentaron su renuncia al cargo por motivos estrictamente personales, lo que activó los mecanismos de sustitución en el Congreso del Estado. Las bajas corresponden a dos jueces menores y uno de Primera Instancia, cuyas posiciones serán cubiertas conforme a la ley para mantener la plantilla completa. Esta salida de funcionarios no afecta la estructura del sistema judicial ni implica una reducción de plazas, ya que los tribunales continúan con el desahogo regular de expedientes en todos los distritos de la entidad.
Tania Gisela Contreras López aseguró que las dimisiones no responden a conflictos internos ni administrativos, calificándolas como decisiones individuales similares a las ocurridas en otros estados tras los recientes procesos de renovación judicial. La magistrada presidenta explicó que el organismo transita por un proceso de reorganización que busca mejorar la eficiencia mediante la fusión de juzgados en materias con menor volumen de casos, como la penal tradicional. Con este ajuste técnico, el personal y la infraestructura se moverán hacia áreas con mayor carga laboral, garantizando que la justicia se imparta de manera más ágil sin debilitar la operatividad institucional.
El Congreso del Estado ya formalizó la primera sustitución al aceptar la renuncia de José Benito Juárez Cruz, quien fungía como Juez Menor en Ciudad Victoria, y nombrar en su lugar a Misael Ascensión Castro Aguilar. El nuevo integrante ejercerá funciones hasta el año 2033, siguiendo los criterios de paridad y legalidad establecidos para estos relevos. Anteriormente, el Legislativo ya había resuelto situaciones similares en distritos como Altamira, El Mante, Matamoros y Nuevo Laredo, donde personas electas decidieron no asumir o dejar sus cargos antes de lo previsto.
Para el ejercicio 2026, el plan de reestructura contempla el cierre o fusión de entre ocho y diez juzgados adicionales. Este movimiento administrativo pretende concentrar los recursos donde la demanda ciudadana es más alta, eliminando duplicidades en oficinas que han visto reducida su actividad procesal. Lo que sigue para el Poder Judicial es la consolidación de estos cambios administrativos y la designación de los relevos pendientes, manteniendo el enfoque en la modernización y la atención directa en las zonas con mayor rezago de expedientes.



