Fuentes fidedignas. Por Isaías Álvarez
Han pasado apenas unas semanas desde que el reportero Esteban Paredes fue agredido en plena vía pública por empleados del DIF Tampico. Fue un ataque brutal, no solo contra su cuerpo, sino contra la libertad de prensa en una ciudad donde el poder parece haber olvidado para qué sirve la democracia.
Hoy, el caso parece haber sido borrado del mapa, nadie habla del caso, nadie, desde el gobierno municipal, ha ofrecido disculpas, mucho menos rendir cuentas por lo sucedido. Y lo más lamentable: nadie ha sido separado del cargo. Al contrario, los agresores —recién llegados a la nómina pública— gozan de vacaciones pagadas, confirmadas por la propia alcaldesa de la ciudad porteña; como si la violencia contra un periodista mereciera premio y descanso.
Qué generoso es el Ayuntamiento de Tampico con los suyos. Tan generoso que otorga vacaciones a tan solo meses de haber iniciado la administración municipal; tan indiferente que guarda silencio ante una agresión documentada en vivo; tan protector con los suyos como cruel con quien les incomoda. Si esto no es complicidad institucional, ¿entonces qué será?
La presidenta municipal, Mónica Villarreal Anaya, ha optado por la estrategia más peligrosa: la indiferencia. Se ha replegado detrás del “estamos en análisis”, como si los golpes contra un periodista pudieran archivarse mientras se evalúa su conveniencia política y lo que les podría afectar menos a su imagen; como si la tuvieran impecable.
Una alcaldesa que se autoproclama humanista no puede permitirse el lujo de callar cuando un integrante del gremio es agredido por servidores públicos de su administración. Porque callar —cuando se tiene el poder para actuar— es consentir. Y consentir la violencia desde el gobierno es abrirle la puerta a la impunidad.
Cada día que pasa sin justicia es un mensaje: en Tampico, se puede golpear a un reportero y seguir cobrando del erario. Se puede derribar a un periodista frente a un plantel educativo y después irse de vacaciones. Se puede violar el derecho a informar, sin temor a perder el empleo ni el respaldo político. Y luego se preguntan por qué cada vez hay más miedo para reportear en la calle. Gente como los agresores de Esteban están exterminando a la prensa de la calle, por medio del temor.
La omisión del municipio no solo afecta a Esteban, es una advertencia a todo el gremio: si te atreves a incomodar, si haces preguntas que irritan, estás solo. Porque el poder local prefiere proteger a sus agresores que defender el derecho a informar.
Lo triste es que esto no es una anécdota, es un síntoma. Y si no se pone un alto, lo que hoy es un empujón puede mañana ser una bala.
El caso de Esteban Paredes no debe quedar como una nota más que se pierde en el olvido. Es un espejo de lo que ocurre cuando el poder pierde el sentido de responsabilidad pública. Y también, una prueba de qué tan poco vale la libertad de expresión para quienes se sienten dueños de la ciudad.
