Fuentes fidedignas. Por: Isaias Alvarez
Sí, ya hemos hablado del tema, dos veces, para ser exactos. Pero cuando el descaro persiste, la columna tiene que insistir; y esta es la tercera. Porque, aunque ya se advirtió que la beca “Rita Cetina” no es botín político, ni herencia municipal, el alcalde de Reynosa insiste en promocionarla como si la hubiera pagado de su bolsa. Y no solo eso: ahora lo hace con publicidad pagada en Facebook.
Carlos Peña Ortiz —el alcalde, el influencer, el heredero del apellido que ha gobernado cuatro veces seguidas— decidió promocionar la entrega de la beca federal “Rita Cetina” como si fuera logro municipal. Y lo hizo con todos los ingredientes del descaro moderno: foto oficial, etiquetas políticas y, lo más grave, dinero invertido para que el mensaje llegara más lejos. Porque sí, fue publicidad pagada.
En la publicación aparece sonriente, acompañado de Claudia Hernández, diputada federal, aliada política e impulsada por su grupo para ser la futura candidata a la alcaldía —aunque todavía no lo admitan públicamente—. También figura Alexander Bolaños, coordinador regional del programa de Becas para el Bienestar. Y mientras las beneficiarias reciben su apoyo, el alcalde y su equipo reciben reflectores. Todo gracias a un programa que no es suyo, pero que no dudaron en usar como plataforma de posicionamiento.
Y aquí es donde entra el problema legal. La Ley General en Materia de Delitos Electorales, en su artículo 11 Bis, establece sanciones de 4 a 9 años de prisión a quien utilice recursos o programas sociales para posicionarse o posicionar a otra persona durante el proceso electoral. Y el artículo 11, fracción III, castiga el uso indebido de fondos, bienes o servicios públicos para favorecer a candidaturas. No es teoría: ya ha pasado antes. En 2021, el PRD denunció a funcionarios que usaron programas sociales del gobierno federal para promocionar al presidente. El Tribunal Electoral les dio la razón. Los servidores de la nación fueron sancionados por exactamente lo mismo: usar lo que es de todos para fines políticos. Lo que hizo Carlos Peña encaja, palabra por palabra, en ambos supuestos.
No fue un error, fue una estrategia. Una que repite el guion de siempre: disfrazar la propaganda de “compromiso social”, usar lo que es de todos para promover a los de siempre, y luego fingir que no pasó nada. Solo que esta vez hay evidencia digital, publicación impulsada y nombres con cargo. No es percepción, es un hecho verificable.
Y como si la ambición no tuviera límites, el grupo político en el poder quiere ahora colocar a Claudia Hernández como la nueva candidata. Un movimiento que, por cierto, ya huele a continuidad forzada. No tan lejos de aquellos regímenes donde el poder se heredaba sin preguntar. ¿Pinochet? Allá usaban botas, aquí usan Facebook.
La diferencia es que el dictador chileno justificaba su permanencia con discursos de orden. En Reynosa lo disfrazan de eficiencia. Pero el fondo es el mismo: no quieren soltar el poder, quieren perpetuarlo. Aunque para eso tengan que usar becas, manipular programas o cruzar líneas legales.
Esto no es política. Es abuso. Y si las autoridades electorales no actúan, lo que se normaliza hoy será el manual de trampas del mañana. Porque cuando los programas sociales se convierten en herramientas de campaña, lo que se está comprando no es publicidad, es silencio institucional. Y eso, por si alguien lo olvidó, también es un delito.
