El laberinto de Maki y Carlos Peña: sanciones, nepotismo y un Verde en extinción

Fuentes fidedignas. Por: Isaías Álvarez

En política, hay quienes saben cuándo retirarse y quienes, a toda costa, buscan cómo mantenerse vigentes sin importar los costos. Maki Ortiz y su hijo, Carlos Peña Ortiz, forman parte del segundo grupo. Su historia ya no es la de una familia con ambiciones legítimas en la vida pública, sino la de un clan político atrapado en un laberinto de sanciones, investigaciones y maniobras desesperadas por conservar el control en Reynosa y en la política estatal.

El caso de Maki Ortiz es inaudito. Acumula ya cinco sanciones electorales y ha quedado inscrita en el catálogo de infractores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), una lista reservada para aquellos políticos que reinciden en la violación de la ley electoral. Su última sanción fue producto de la coacción del voto orquestada desde el Sindicato de Maquiladoras de Reynosa, que obligó a sus trabajadores a apoyarla en su candidatura al Senado.

El fallo del Tribunal Electoral del 26 de febrero de 2025 confirmó lo que era evidente: el sindicato presionó a sus agremiados para favorecer a Maki Ortiz, y aunque ella y el PVEM intentaron negar su involucramiento, sí fueron beneficiarios de la infracción. Como consecuencia Maki Ortiz fue multada con $5,428 pesos; el PVEM recibió una sanción de $16,285 pesos por no vigilar a su candidata y el Sindicato de Maquiladoras fue sancionado con $32,571 pesos por coaccionar el voto, una cantidad insignificante para ellos.

Carlos Peña Ortiz tampoco se queda atrás. El 5 de marzo de 2025, la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó su inscripción en el Padrón de Sujetos Sancionados del IETAM tras ratificar que incurrió en uso indebido de recursos públicos, difusión de propaganda gubernamental en campaña y violación a los principios de equidad e imparcialidad en la contienda electoral.

Las instancias locales ya habían determinado que el alcalde de Reynosa había utilizado su cargo para posicionarse electoralmente. El Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), en junio de 2024, resolvió que Carlos Peña Ortiz empleó 12 ligas electrónicas y 16 fotografías en redes sociales para disfrazar propaganda gubernamental como apoyo social. Su resolución fue confirmada en febrero de 2025 por el Tribunal Electoral de Tamaulipas, que ratificó la ilegalidad del uso de recursos públicos en su campaña.

A este historial de sanciones se suman las investigaciones legales que pesan sobre Carlos Peña Ortiz y su padre, Carlos Peña Garza, lo que confirma que el problema no es un incidente aislado, sino una dinastía política que ha usado el poder en Reynosa como patrimonio personal.

Como si las sanciones no fueran suficientes, Maki Ortiz, que ha hecho de la política un asunto familiar, al parecer trae nuevo plan: apropiarse del Partido Verde en Tamaulipas y, si las condiciones lo permiten, también del Partido del Trabajo.

La crisis interna del PVEM ha abierto una oportunidad para ella. La reciente salida de tres diputadas que fueron electas bajo las siglas del Verde, pero que trabajaban más alineadas con Morena, expuso las fracturas en el partido. La presidenta nacional del PVEM, Karen Castrejón Trujillo, intentó victimizarse y acusar al gobierno del estado de haberlas presionado para cambiar de bancada, pero el argumento se desmoronó solo.

Las legisladoras no fueron presionadas, sino que simplemente se cansaron de un partido que dejó de representar los valores de la 4T y que, además, pretendía frenar la Ley Anti nepotismo y favorecer posturas fiscales contrarias a los intereses de los reynosenses.

El intento de desacreditarlas no solo fue un error político, sino que terminó por confirmar que el Verde ya no es confiable dentro del movimiento de la 4T. En este vacío, Maki Ortiz ve una oportunidad clara para quedarse con el control del partido en Tamaulipas. Ante la falta de liderazgos y la crisis interna, su siguiente paso es colocar a su gente en posiciones clave, asegurando que el partido responda a sus intereses.

Pero si el PVEM no le resulta suficiente, su siguiente objetivo es el Partido del Trabajo (PT), una estructura que históricamente ha funcionado como plataforma de reciclaje político para aquellos que buscan candidaturas cuando otras puertas se cierran.

La estrategia de Maki Ortiz es clara: Posicionar operadores dentro del PVEM y el PT para asegurarse de que ambas estructuras sean afines a sus intereses; negociar espacios con Morena a través de estos partidos, evitando la confrontación directa con la 4T, pero asegurando su permanencia en la política tamaulipeca; colocar candidatos afines a su grupo político en municipios estratégicos, aun si ella o su hijo no pueden aparecer en la boleta.

Sabe que el Verde y el PT difícilmente le darán candidaturas directas, pero su apuesta es más sutil: controlar las estructuras internas para manejar las postulaciones de quienes le sean leales. No es la primera vez que usa esta táctica. Cuando no puede competir, coloca piezas que sí pueden hacerlo y que le responden.

Maki Ortiz y Carlos Peña Ortiz están en un punto de quiebre. Las sanciones acumuladas han reducido su margen de maniobra y su desesperación por mantenerse en el poder los ha llevado a buscar nuevos refugios políticos. Pero hay algo que no cambia: el modus operandi sigue siendo el mismo.

Si las reglas del juego les impiden competir directamente, encontrarán la manera de colocar a sus operadores en la boleta. El Verde y el PT serán sus vehículos para hacerlo, a menos que alguien detenga esta maniobra antes de que sea tarde.

La pregunta no es si Maki Ortiz seguirá moviendo piezas en la política tamaulipeca. La verdadera pregunta es ¿Quién la va a detener antes de que logre acomodarse en otro partido? Porque si algo ha quedado claro, es que cuando los políticos ven cerrarse las puertas, siempre encuentran una rendija por donde colarse.